Y no pasa nada

Por Javier González Garza

Aun cuando la comisión creada por la Corte para investigar el incendio en la guardería ABC no determinará responsabilidades podrá ser la vía para el acceso a una verdadera justicia

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de crear una comisión investigadora para el caso de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, es aplaudida por la mayoría de la sociedad.

Una tragedia que implica, hasta ahora, 49 muertes de niños y niñas, además de varios menores hospitalizados por un hecho ocurrido en instalaciones donde se prestaba el servicio de guardería bajo la responsabilidad del Instituto Mexicano del Seguro Social y que, hasta el 5 de agosto, parecía que quedaría impune.

La comisión aprobada en la SCJN tiene objetivos amplios, contenidos en 10 puntos, pero con los cuales se podrá ir deslindando responsabilidades de la tragedia y se analizará la legalidad de las actuaciones de las autoridades en el caso concreto de la guardería ABC, pero también del sistema de guarderías y de la célebre subrogación. Aun cuando la investigación no determinará responsabilidades administrativas o penales, podrá ser la vía para el acceso a una verdadera justicia en el caso, por lo que el resultado despierta amplias expectativas. La Corte se erige en una última esperanza ante la desoladora impunidad en el país.

Es de esperar una investigación objetiva que permita establecer claramente la legalidad de la subrogación a particulares e identificar personas y su responsabilidad concreta en los hechos. Esperamos también que se ponga en claro la forma en que debe darse el servicio de guarderías del IMSS, quién lo deberá ofrecer y cómo conseguir que nunca más volvamos a tener una tragedia como la ocurrida en Sonora.

La decisión de la SCJN abre la posibilidad a que este vergonzoso hecho no quede impune, y ello en México sería un gran acontecimiento.

En nuestro país la impunidad es tan común que ya no espanta a nadie. Desgraciadamente se ha vuelto parte de la cotidianidad y la gente da por sentado que casi cualquier ilícito o delito quedará sin castigo.

En México sólo uno de cada cuatro delitos se denuncia y uno de cada 100 termina en una condena de prisión.

Pero la impunidad en México es mucho más que casos policiales; el abuso que se comete desde el poder nunca es castigado. Recordemos algunos casos que hasta ahora han quedado en la impunidad.

El robo más grande realizado en la historia estuvo ligado a la banca. Pero nadie asaltó una sucursal o bóveda, fue el descarado contubernio entre funcionarios y banqueros llamado Fobaproa. Aquello se presentó como el "rescate de la banca" que se convirtió en un robo a la nación. La entonces mayoría legislativa de PRI y PAN aprobó aceptar como deuda pública los desfalcos de banqueros desvergonzados. No pasó nada, no hay culpables. Ni qué decir de los casos de la Guerra Sucia en México y la represión del movimiento del 68, que con la desaparecida fiscalía especial han quedado en un "olvido" solapado por la presente administración.

Acordémonos del Pemexgate, un robo a la empresa del Estado mexicano, realizado por el PRI, para inyectarle millonarias cantidades a la campaña presidencial de Labastida. No pasó nada, no hay culpables. El caso Amigos de Fox y el de los hijos de Marta son otros asuntos que siguen pendientes, sin culpables. El Chapo Guzmán se escapó de un penal de máxima seguridad; a ver quién cree que fue una simple escapatoria. Desde el 2006 las viudas de la tragedia de la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, están exigiendo justicia y reclamando el rescate de los cuerpos de los 63 mineros muertos y ahora son agredidas por policías del estado en equipo con guardias blancas, al parecer al servicio del que fuera director de Pemex durante el Pemexgate. Y no pasa nada, no hay siquiera investigación.

Las represiones en Atenco, perpetradas por el gobernador Peña Nieto y Eduardo Medina Mora, hoy todavía procurador general de la República, cuyos únicos resultados son los muertos, los ultrajados y las vergonzosas e ilegales sentencias a líderes de la comunidad. Ahí están las represiones de los gobernadores de Oaxaca y Puebla, Ulises Ruiz y Mario Marín, y no pasa nada, nadie es culpable. Los numerosos casos de ataques y homicidios contra periodistas son sólo otras perlas de la impunidad que campea en el país.

Aplaudimos la decisión de la SCJN pero al mismo tiempo el hecho es muy preocupante. Es una evidencia lapidaria que hace innegable que el aparato de procuración de justicia no está cumpliendo con su deber y que la sociedad no confía en él. Sería mejor que cada institución hiciera lo que le corresponde y no fuera necesario recurrir, en tantos casos, a la SCJN.

Qué bueno que una institución dé la cara a los afectados por la tragedia. Hasta ahora era una vergüenza que ni la PGR, el IMSS o el gobierno de Sonora lo hubieran hecho. Tampoco el Poder Legislativo fue capaz de nombrar una comisión de trabajo que se entrevistara con los padres.

La inoperancia de distintas instituciones del Estado ha orillado a la sociedad a buscar soluciones en distintas instancias aunque no estén diseñadas para eso. Es imperativo terminar con la corrupción, sólo así podríamos hacer que las instituciones funcionen y se termine la impunidad