Mexicana sin pista

Empresa
Alberto Barranco
22 de mayo de 2007
Mexicana sin pista

A contrapelo de todos los pronósticos, las señales indican que Mexicana de Aviación perderá la pelea contra la Asociación Sindical de Sobrecargos por la más simple de las razones: No hay pista para aterrizar sus alegatos de inviabilidad para seguir operando.
Se diría que la compañía aérea propiedad del Grupo Hotelero Posadas lanzó a volar un Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica sin instrumentos en el tablero. por más que el piloto cuenta con todas las palancas políticas.
Total, quién le puede decir no a Gastón Azcárraga Andrade, el presidente del poderoso Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, además de uno de los grandes aportantes de las últimas dos campañas panistas por la Presidencia de la República. El problema es que le ganó el exceso de confianza. o quizá la prepotencia.
Colocado hace dos meses ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el instrumento previsto por la Ley Federal del Trabajo en cuyo eje se revisa la justeza de cláusulas de un contrato colectivo que pongan en peligro la sobrevivencia de una empresa, hete aquí que la argumentación esgrimida por Mexicana es vaga e imprecisa.
Lo único claro en el alegato es que la firma pasa por una mala situación económica. con la novedad de que se plantea que sea el árbitro quien construya un nuevo modelo laboral a partir de un proyecto planteado como anexo.
De la certeza de la compañía aérea privatizada hace dos años de que los dados se cargarían a su favor, tras imponer como uno de los peritos que analizan el caso al ex director general de Aeroméxico, Rogelio Gasca Neri, quien en su carácter de consultor para la privatización de Mexicana planteaba la liquidación total de los trabajadores para liberar de compromisos al nuevo dueño, habla el cierre de todas las rendijas a la conciliación.
Colocada en la mesa una exigencia de generar ahorros por 20 millones de dólares a costa del sacrificio de los sobrecargos, la firma realizó olímpicamente un escenario aprobado por la asamblea de trabajadores en que éstos llegarían a 16.5.
Más aún, tampoco le gustó una propuesta para que las condiciones laborales exigidas rijan a partir de las nuevas contrataciones, respetándose una parte de los derechos adquiridos por los sobrecargos en activo. Y como se trata de aplastar al enemigo, se sancionó al personal de servicio en vuelos por el gravísimo delito de portar en la solapa un pin en el que se pedía respeto al contrato colectivo.
A quién le importa si la Asociación Sindical de Sobrecargos que encabeza Francisco Villarreal Peláez dejó correr en blanco la revisión salarial de 2006, proponiendo en la cuenta nueva incrementos de sólo un punto por encima de la inflación. ¡cada cuatro años! Además de no exigir la tradicional dotación de uniformes.
A quién le importa si para el próximo año ésta será apenas simbólica, eliminándose de pasadita la exigencia de que la empresa cubra gastos de tintorería.
Más aún, a quién le importa si en su propósito de colaborar con la empresa los sobrecargos están reduciendo sus prestaciones de ley al mínimo, conformándose por ejemplo con sólo ocho días obligatorios de vacaciones por año, lo que implica donarle a la firma los remanentes; renunciando al pago obligado de cinco días de salario por aniversario de la empresa y al que se plantea por concepto de profilaxis, o los pagos por sustitución de supervisor.
Y si le seguimos, en el exceso, la Asociación Sindical de Sobrecargos se aviene a que salvo en vuelos largos la empresa no se haga cargo de los alimentos del personal del vuelo.
Ahora que para el personal de nuevo ingreso se mantendrían los tabuladores salariales; las condiciones en materia de descanso y recesos, y los esquemas de jubilación y retiro, pero habría un nuevo sistema de pago, en este caso por horas efectivas de trabajo. El ahorro para la compañía alcanzaría 150 millones de pesos.
Adicionalmente, la oferta habla de crear una comisión mixta que revise el modelo laboral aunque sin lesionar la integridad, seguridad y derechos esenciales de los trabajadores, en un escenario en que hace cuatro años, en otra crisis de la empresa, se permitió mutilar gran parte del contrato colectivo.
Lo curioso del caso es que la presión de directivos y funcionarios de Mexicana sobre la autoridad laboral apunta a la onerosa inversión que realizó para privatizar la empresa. cuando la unanimidad de los analistas señala que los 165 millones de dólares pagados representaron un precio simbólico, con la novedad de que existían existencias en caja por 120 millones de dólares.
De hecho, el precio mínimo de referencia se calcula en 400 millones de billetes verdes.
Por lo pronto, el precedente del Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica como instrumento casi inédito en el país parece atentar contra su uso racional, dada la forma burda como lo planteó Mexicana.
Prepotencia en picada.
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