El documento con la firma:
El documento inicial:
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Documenta AMLO contratos de Mouriño
Ricardo Gómez y Andrea Merlos El Universal Jueves 28 de febrero de 2008
Estaba en Sener y negoció con Pemex como apoderado de una empresa
politica@eluniversal.com.mx
Andrés Manuel López Obrador entregó a legisladores documentos en los cuales Pemex y Transportes Especializados Ivancar acordaron convenios de prestación de servicios. En los contratos aparece la firma del hoy secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; Iván, para sus más cercanos.
De acuerdo con el tabasqueño, el expediente pone en evidencia el tráfico de influencias del funcionario.
Los contratos fueron firmados por Mouriño, como apoderado general de la empresa, el 20 de diciembre de 2002, el 1 de septiembre de 2003 y el 29 de diciembre de 2003.
Editorial EL UNIVERSAL
28 de febrero de 2008
Empeñado en distorsionar el debate sobre el futuro de Pemex —empresa que nadie habla de querer privatizar—, Andrés Manuel López Obrador hace una denuncia fundamentada contra el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, a quien desde su nombramiento, el mes pasado, le ven espolones para candidato presidencial.
Más que como secretario, Iván —Juan, en ruso—, como le dicen sus allegados, es temible por el boleto de jugador para la grande que han puesto en sus manos. Aunque parece muy temprano para escaramuzas preelectorales, López Obrador —aspirante declarado— no puede menospreciar a ningún potencial adversario.
Independientemente de los motivos de López Obrador, importa atender su denuncia, esta vez sí sustentada en documentos que ya entregó a los coordinadores parlamentarios del Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Convergencia).
El paquete incluye convenios de prestación de servicios que Pemex Refinación, entonces a cargo de Juan Bueno Torio, firmó con la empresa Transportes Especializados Ivan-car, firmados por su apoderado general en 2002 y 2003, Mouriño, que casualmente era también coordinador general de asesores y enlace institucional del secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa, que por ley preside el consejo de administración de Petróleos Mexicanos.
Va a ser muy difícil demostrar que no hay un conflicto de intereses en esta operación, aunque tampoco es prueba de que existan intenciones ocultas de privatizar Pemex.
El escándalo fue detonado oportunamente en vísperas del septuagésimo aniversario de la expropiación petrolera y de la elección de la dirigencia del PRD.
Mouriño, cuya familia posee una red de 38 estaciones de gasolina en Campeche, Yucatán, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, ha sido simultáneamente presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, coordinador de asesores y subsecretario de Electricidad en la Secretaría de Energía. Parece inevitable sospechar que sus negocios particulares hayan resultado beneficiados de esta especie de relación incestuosa.
Aunque como funcionario debe lealtad al jefe del Ejecutivo que lo nombró, tiene grandes responsabilidades ante la nación, sobre todo si abriga mayores aspiraciones políticas.
Precisamente es la cercanía de Mouriño con el Presidente de la República lo que obliga a este joven mexicano nacido en Madrid hace 37 años, tan rico como poderoso políticamente, a esclarecer totalmente este entramado de vinculaciones notoriamente indebidas y a corregirlas en la medida en que ello sea posible.
El contubernio de poder y negocios, la corrupción, deben ya ser extirpados de nuestra vida pública. No es posible que cada nuevo sexenio la situación parezca empeorar, en lugar de ser saneada, y de hecho hasta ahora hemos visto sólo cambios de partido, de grupos y de personas, no de hábitos
Empeñado en distorsionar el debate sobre el futuro de Pemex —empresa que nadie habla de querer privatizar—, Andrés Manuel López Obrador hace una denuncia fundamentada contra el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, a quien desde su nombramiento, el mes pasado, le ven espolones para candidato presidencial.
Más que como secretario, Iván —Juan, en ruso—, como le dicen sus allegados, es temible por el boleto de jugador para la grande que han puesto en sus manos. Aunque parece muy temprano para escaramuzas preelectorales, López Obrador —aspirante declarado— no puede menospreciar a ningún potencial adversario.
Independientemente de los motivos de López Obrador, importa atender su denuncia, esta vez sí sustentada en documentos que ya entregó a los coordinadores parlamentarios del Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Convergencia).
El paquete incluye convenios de prestación de servicios que Pemex Refinación, entonces a cargo de Juan Bueno Torio, firmó con la empresa Transportes Especializados Ivan-car, firmados por su apoderado general en 2002 y 2003, Mouriño, que casualmente era también coordinador general de asesores y enlace institucional del secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa, que por ley preside el consejo de administración de Petróleos Mexicanos.
Va a ser muy difícil demostrar que no hay un conflicto de intereses en esta operación, aunque tampoco es prueba de que existan intenciones ocultas de privatizar Pemex.
El escándalo fue detonado oportunamente en vísperas del septuagésimo aniversario de la expropiación petrolera y de la elección de la dirigencia del PRD.
Mouriño, cuya familia posee una red de 38 estaciones de gasolina en Campeche, Yucatán, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, ha sido simultáneamente presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, coordinador de asesores y subsecretario de Electricidad en la Secretaría de Energía. Parece inevitable sospechar que sus negocios particulares hayan resultado beneficiados de esta especie de relación incestuosa.
Aunque como funcionario debe lealtad al jefe del Ejecutivo que lo nombró, tiene grandes responsabilidades ante la nación, sobre todo si abriga mayores aspiraciones políticas.
Precisamente es la cercanía de Mouriño con el Presidente de la República lo que obliga a este joven mexicano nacido en Madrid hace 37 años, tan rico como poderoso políticamente, a esclarecer totalmente este entramado de vinculaciones notoriamente indebidas y a corregirlas en la medida en que ello sea posible.
El contubernio de poder y negocios, la corrupción, deben ya ser extirpados de nuestra vida pública. No es posible que cada nuevo sexenio la situación parezca empeorar, en lugar de ser saneada, y de hecho hasta ahora hemos visto sólo cambios de partido, de grupos y de personas, no de hábitos
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