Bien, antes de continuar publicando todo lo que se relacionó después de la venta de Mexicana de Aviación, compartiré en esta ocasión el capítulo de un libro, que narra el asunto Isosa que actualmente ha solicitado la Cámara se pueda investigar. Dentro del texto hay nombres que podrían decir mucho por la casualidad de que hoy están relacionados de alguna manera al tema .
Dejaré una parte, y la liga correspondiente, para todo aquel que desee leer el texto completo, lo pueda hacer:
Fraude Transexenal
Miguel Badillo
http://www.contralinea.com.mx/archivo/2006/mayo/htm/fraude_transexenal.htm
Protege el gobierno a Gil Díaz
Cuando Francisco Gil Díaz renuncia a su cargo como subsecretario de Ingresos en los primeros meses de 1994, se origina una red de complicidades a su favor: la lista de altos funcionarios que han encubierto sus trapacerías se inaugura con Carlos Salinas de Gortari y alcanza a Vicente Fox Quesada, quien a pesar de conocer los hechos de corrupción desde diciembre 2003 omite fincar responsabilidades.
Al aceptar la dimisión de Gil Díaz en marzo de 1994, su jefe y amigo Pedro Aspe Armella asume en automático su protección. Inquieto por “limpiar el cochinero” —como él mismo califica al asunto aduanero— antes de concluir el sexenio salinista, el secretario de Hacienda coloca a su otro amigo y hombre de confianza, Ismael Gómez Gordillo, al frente de la Subsecretaría de Ingresos y le ordena regularizar los fideicomisos y empresas constituidos por Francisco Gil al margen de la Ley.
Para el abogado especialista en fideicomisos y sustituto de Gil Díaz en la Subsecretaría de Ingresos, el proceso de “legalización” no es tan simple como la encomienda de Pedro Aspe, pues resulta casi imposible reintegrar los cuantiosos recursos a la Tesorería de la Federación y ocultar al mismo tiempo la violación de todas las leyes, situación atribuible al “fiscal de hierro”.
Y es que el esquema privado creado por Gil Díaz imposibilita la transferencia de los 2 mil millones de pesos que para ese entonces resguarda el Aduanas I, al erario federal sin motivar graves problemas políticos para el país, pues es evidente que el mecanismo de recaudación deriva en el ejercicio indebido del gasto público.
Pese a esta dificultad para reincorporar el dinero —que trasciende sin solución hasta el gobierno foxista—, la gestión de Gómez Gordillo mantiene como prioridad la orden del entonces secretario de Hacienda de limpiar y transparentar los excesos de Gil Díaz, para lo cual modifica los contratos de creación de los dos fideicomisos.
Es el 19 de octubre de 1994 cuando Ismael Gómez Gordillo signa el convenio modificatorio al contrato del fideicomiso 1078—5 SHCP—Aduanas I, y que a partir de esta fecha se identifica con el número 954—8. Entre las reformas aprobadas destaca el mandato de enterar a la Tesorería de la Federación todos los recursos correspondientes al DTA.
Según consta en el documento, el sucesor de Gil Díaz sustituye la figura del Comité Técnico por un Comité de Dirección y Supervisión de los Servicios Concesionados de Procesamiento Electrónico de Datos y Servicios Relacionados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El nuevo órgano directivo —integrado por los titulares de las subsecretarías de Ingresos y de Egresos y de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, así como de la Tesorería de la Federación y de la entonces Secretaría de la Contraloría General de la Federación (Secogef)— cuenta con la previa autorización de Aspe Armella, quien tutela todas las acciones relacionadas con el proceso de “limpieza”.
La enmienda de Gómez Gordillo busca restar discrecionalidad al uso de los recursos públicos indebidamente desviados al Aduanas I y posteriormente triangulados al fideicomiso Consorcios de Comercio Exterior II y a la empresa ISOSA, pues el esquema ideado por Gil Díaz otorga al presidente y al director de la figura fiduciaria, así como al procurador fiscal federal, la facultad de erogar los fondos sin control ni vigilancia.
Privilegio que, incluso unos 20 días antes de renunciar a su cargo como subsecretario de Ingresos, Francisco Gil ratifica a su favor, según revela la minuta de trabajo del Comité Técnico del Aduanas I, fechada el 7 de marzo de 1994 y signada por Rubén Aguirre Pangburn, Juan Manuel Galarza Mercado, Jaime García Jiménez, Luis Manuel Gutiérrez Levy, Emilio Romano Mussali, Luis Carlos Moreno, Lorenzo Hernández Herrera, Emilio Castillo Sánchez Mejorada, Pablo J. Cervantes, Eduardo Díaz Guzmán, Álvaro Gazca Neri, Gabriel Mancera Arrigunaga y Eva Tavares.
Entre los acuerdos alcanzados en la reunión del cambio de dirección del fideicomiso —en la que Raúl Haro López reemplaza a Lorenzo Hernández Herrera— destaca la cancelación del poder otorgado al hombre de confianza de Gil Díaz y la autorización al “fiscal de hierro”, a Roberto Hoyo D´addona y al nuevo director del fideicomiso Raúl Haro para expedir cheques con cargo a los fondos del fideicomiso.
Frente a estas arbitrariedades y luego de reunirse con 60 funcionarios públicos de la Secretaría de Hacienda vinculados a la creación del Aduanas I, Gómez Gordillo decide sustituir al Comité Técnico del fideicomiso por un órgano colegiado encargado de vigilar el uso y destino del DTA, en un intento por transparentar y controlar el uso de dichos fondos públicos. La modificación busca darle una imagen de legalidad a este fideicomiso público indebidamente operado como privado.
Pero, aunque la disposición encubre algunos excesos de Gil Díaz y “salva” la breve gestión de ocho meses, el subsecretario de Ingresos no consigue “limpiar” totalmente el fraudulento esquema de recaudación aduanera.
La reunión de los 60 funcionarios
En las primeras semanas de su administración, Ismael Gómez Gordillo descubre que el cargo de subsecretario de Ingresos incluye una sorpresa: la presidencia del Comité Técnico del Fideicomiso Aduanas I, grado que de inmediato lo involucra en el fraude transexenal del sector aduanero.
Y es que Rubén Aguirre cita al subsecretario de Ingresos a la sesión del Comité Técnico del fideicomiso para autorizar el presupuesto y el gasto anual de la empresa privada ISOSA y sus filiales, que para esas fechas ya está en ejercicio.
—¿Y por qué tengo que estar en esa junta, si me han dicho que se trata de un esquema privado, un fideicomiso privado y una empresa privada, y yo soy un funcionario público?— pregunta molesto Gómez Gordillo.
—Porque el subsecretario de Ingresos es quien preside el Comité Técnico del Fidecomiso Aduanas I— responde Rubén Aguirre.
—¿Y quiénes son los demás miembros del Comité Técnico?— insiste el subsecretario.
—Los directores generales y administradores de la Subsecretaría de Ingresos— contesta sin reparo Aguirre, también integrante del Comité.
El exdirector Jurídico y Fiduciario del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y experto en la operación de fideicomisos, Gómez Gordillo, critica de inmediato la constitución de los fideicomisos y empresas aduaneras: “ahora resulta que éste es un fideicomiso privado en donde el Comité Técnico está integrado por puros burócratas, el dinero viene de una contribución federal y se gasta para dar un servicio a la Subsecretaría de Ingresos. Aún así, ¿ustedes sostienen que es un esquema privado?”.
Rubén Aguirre omite responder el cuestionamiento seguido por una petición muy puntual: “haz una relatoría con los documentos que prueben la participación de Gil Díaz en la constitución de los fideicomisos”. De inmediato, el subsecretario de Egresos explica a Gómez Gordillo que eso es imposible, pues su área sólo ve una pequeña parte del esquema global: “Gil Díaz fragmentó el tema de los fideicomisos de aduanas en diversas áreas de la Secretaría de Hacienda, incluso la del Jurídico y Recaudación que administra —Luis Manuel— Gutiérrez Levy (oficial mayor de la SHCP en la administración foxista) están involucradas”.
Sin tener acceso a toda la información, Rubén Aguirre no puede explicar a Gómez Gordillo el complejo esquema de los fideicomisos y las empresas privadas creados por Gil Díaz, por lo que el nuevo subsecretario de Ingresos ordena reunir a los funcionarios de niveles medio y superior involucrados en la constitución y operación de estas figuras supuestamente privadas relacionadas con el cobro del DTA.
La respuesta de Aguirre a la petición de Gómez Gordillo es elocuente: “la reunión tendrá que hacerse en la sala de juntas, pues en tu oficina no caben todos los funcionarios que tendrán que explicar la parte que les corresponde; suman alrededor de 60”.
En los primeros días de mayo de 1994 se arremolinan unos 60 funcionarios de mandos medios en la sala de juntas de la Subsecretaría de Ingresos. Ahí, Gómez Gordillo escucha la versión de cada uno sobre su participación en la operación de los fideicomisos aduaneros y las empresas privadas, reflejo de la compleja estructura operativa creada por Gil Díaz para evitar ser descubierto o que algún funcionario pudiera denunciarlo.
En la nutrida reunión, el subsecretario se encuentra con viejos amigos, excolaboradores y exalumnos de la Escuela Libre de Derecho como Emilio Romano, Gutiérrez Levy y hasta el procurador fiscal Roberto Hoyo D´addona.
La reunión se extiende por varias horas, hasta que Gómez Gordillo interrumpe las exposiciones con una pregunta: quieren que yo diga que este instrumento constituido con recursos públicos, en un banco público, con un fideicomitente que es el subsecretario de Ingresos, con un fideicomisario que es la Subsecretaría de Ingresos en violación de toda norma, porque no tiene facultades para ser fideicomisaria... ustedes quieren que yo diga que este animal que tiene plumas de pato, pico de pato, alas de pato y grazna como pato ¿es gallina?
El silencio y las miradas entre los 60 funcionarios públicos fue roto por el mismo subsecretario: “Gómez Gordillo no está aquí para criticar a nadie, lo pusieron para arreglar y para limpiar, y entiendo que esa es mi función, nada más que para decir algo lo tengo que creer y me está costando mucho trabajo creer todo lo que dicen. Ni siquiera son capaces de dar una versión completa de todo lo que han operado”.
Entre la multitud una voz replica al subsecretario: “es que ni el contrato del fideicomiso ni el esquema se hicieron aquí. El doctor Gil Díaz contrató a un despacho privado”.
—¿Qué despacho?— pregunta Gómez Gordillo.
—El de Noriega y Escobedo— le responden varias voces.
Un par de horas después de la reunión, Gómez Gordillo recibe una llamada telefónica de la oficina del vicegobernador del Banco de México. En tono molesto, el doctor Gil Díaz le pregunta al subsecretario sí era cierto que públicamente había cuestionado su actuación al frente de la Subsecretaría de Ingresos. Ismael responde: “sí, no nada más lo dije, sino que lo creo y me preocupa cómo desvirtuar la operación irregular de tus fideicomisos”.
Un silencio y una despedida fría marcarían a partir de entonces la nueva relación de los otrora amigos y compañeros de trabajo. De inmediato el “fiscal de hierro” se pone en contacto permanente con Pedro Aspe y con varios ex colaboradores que lo mantienen al día de todas las acciones que ejecuta Gómez Gordillo al frente de la Subsecretaría de Ingresos, mientras que Rubén Aguirre hace su trabajo para lograr que se lleve a cabo la sesión del Comité Técnico de los fideicomisos que preside Gómez Gordillo.
Pero dicha sesión jamás se efectúa porque Ismael, quien debe presidir el acto, se niega a hacerlo y apresura el requerimiento a Nacional Financiera para modificar el contrato del fideicomiso y así eliminar al Comité Técnico, convenio que se signa hasta octubre de 1994, apenas un mes antes de que concluya el gobierno de Carlos Salinas.
Y tal vez ustedes puedan recordar que, una aerolínea de bajo costo autorizada casi al final del pasado sexenio, la preside nada más que Pedro Aspe. Seguramente el destino les encomendaría a futuro el poder encontrarse en negocios de aviación, a algunos de los nombres que aquí se citan, y que con el paso de los escritos podrán conocer qué lugar ocupan actualmente.
Continuará...
Laura Tena
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