¿Ahumada?

Sí Ahumada pero la que se están llevando después de haber reciclado los vídeos, que en 2004 formaron parte del escándalo, que nos permitió conocer, qué tanta “honestidad valiente” y ¿capacidad?, rodeaba al gobierno de la ciudad.

Como movimiento torpe lo veo, más que como un acierto político, ya que la colocación nuevamente del tema, nos deja ver de manera más clara que en todos niveles, se administra la justicia, más no se imparte o aplica.
Resulta por demás incongruente e inconsistente, que mientras Carlos Ahumada sigue preso llevando varios procesos penales, los beneficiados del dinero, los operadores político/financieros, andan libres y al frente del movimiento que dicen es ¿pacífico y civil?, aunque ya hemos podido comprobar que con sus acciones, lo menos que tienen es civilidad o pacifismo. En cualquier parte pueden hacerse presentes: Catedral, Bancos, Tribunales, Congreso, Aeropuerto, Tiendas de Autoservicio, Centros Comerciales, Hoteles, Embajadas o todo lo que huela a empresa.

Bernardo Bátiz no se puede distinguir ni siquiera por alguna declaración, que se considerara afortunada o acertada. Todo un tesoro el record de lamentables expresiones, y hoy, tenemos una más, cuando cita que su Procuraduría podría investigara los que conocieron el asunto de los vídeos, porque podrían caer en la figura de ser cómplices de un delito. Sin duda el Procurador Bátiz le apuesta a la mala memoria que en ocasiones tenemos los ciudadanos, y por ello se aventura a pronunciarse de ésa manera, en el penoso caso Ahumada. ¿Acaso no podría recordar el Procurador Bátiz, que cuando estaba el asunto de Ahumada en todos los medios, él conoció que Diego Fernández y todos los que hoy se citan, fueron etiquetas como parte del complot del que tanto se quejaba López Obrador?, ¿No fue precisamente desde su misma Procuraduría que se quebrantó la secrecía , que México tiene firmada con la Unión Americana, cooperación que permitió conocer los movimientos financieros que se hacían a través de Gustavo Ponce al filtrar la información a los medios, cuando el asunto formaba parte de una investigación y por ende no podía ser pública?

Ahora veamos cómo el delito, se convierte en DELEITE de una ¿causa?


Así se redactaba en los medios:
LAS FIRMAS DE HOY
De ribete - Federico Arreola
¿Por qué se enojan, señores foxistas?
20-octubre-04


Hasta lo que no comen les hace daño. El video que dio a conocer el procurador de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, ha provocado airadas reacciones de parte de la administración de Vicente Fox. ¿Por qué? Por pura mala conciencia. Es decir, no creo que en el actual gobierno federal exista el menor interés por defender al ex presidente Carlos Salinas de Gortari, ¿o sí?

Dos funcionarios de la Secretaría de Gobernación (el vocero Gonzalo Altamirano y el subsecretario Felipe González), actuando con ligereza, se lanzaron con todo —incluso ofendiéndolo— contra Bernardo Bátiz, sin lugar a dudas uno de los más honestos abogados que hay en México.

¿Qué hizo Bátiz de malo? Nada, por supuesto. Todo lo contrario, ha beneficiado a la sociedad mexicana —que tiene derecho a saber lo que pasa— al dar a conocer un video que explica el fondo del principal problema político de la actualidad. Y, desde luego, como la secrecía en las investigaciones es un derecho (no una obligación) del Ministerio Público, lo que Bátiz hizo tampoco fue ilegal.

El que queda muy mal parado con ese video es Carlos Salinas, quien, según su tocayo Ahumada, era el jefe de la operación que este último ejecutó para dañar al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.

Nadie en el gobierno de Fox resulta dañado por ese video. Entonces, ¿por qué el enojo de los foxistas?

Insisto en que no es probable que quieran ayudar a Salinas. Así que, si se enojaron, hay que atribuirlo nada más a un hecho psicológico: todo lo que beneficie a López Obrador es malo para la gente que trabaja bajo las órdenes de Vicente Fox.

Estamos viviendo, sin duda, la era de las obsesiones.
farreola@milenio.com
Federico Arreola

Por ello, francamente califico como muy torpe su movimiento, ya que dejan una vez más al descubierto, que como “los nuevos constructores de la democracia”, andan muy errados, porque el más elemental eje para poder erguirla es: Estado de Derecho, tan ausente en nuestro México, y en cada paso que está dando su movimiento cuando llegan al terreno de la ILEGALIDAD.

¿Qué tipo de democracia me están plantando con su movimiento?, porque leo que en sus campamentos están siendo subsidiados por cuotas que aportan los taxis piratas, taxis que laboran al margen de lo legal; también tienen concentrados a grupos de ambulantes que también entregan ingresos, para que les hagan el enorme favor de “regularlos” y que puedan trabajar. ¿Cómo regular un ejercicio que por ley no está contemplado, que no pagan impuestos, que mercadean con artículos piratas o de ingreso ilegal al territorio nacional?..., pero lo más triste, es que estamos ante otra forma de esclavitud, porque los grupos y gente que acude a sus movimientos lo hacen por la obligación que nace desde una autoridad que limita su libertad de movimiento, su derecho al trabajo y sobre todo condiciona su derecho a existir. Sí no se suman a su causa, pueden perder el espacio ilegal de trabajo que está condicionado al respaldo que se debe aportar. Es decir su libertad, su derecho a existir y sobre todo el derecho constitucional a gozar de un trabajo, está condicionada y limitada al interés de un grupo.

Bien, por sí alguien no recuerda bien ésa historia de corrupción y complicidad, dejo algunas notas, y en breve abriré un espacio para documentar lo que fue la historia de Justicia y GRACIA, donde sin duda la peor parte la ha pagado Carlos Ahumada y sobre todo su familia cercana.

Laura Tena


Redacción online
El Universal online
Ciudad de México
Jueves 15 de abril de 2004

08:37 El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador presentó hoy las presuntas pruebas que confirmarían su hipótesis de que el gobierno federal, planeó un complot en su contra cuando se revelaron actos de corrupción de su ex secretario de Finanzas, Gustavo Ponce.

En conferencia de prensa y con su gabinete en pleno, el funcionario informó que reportes del gobierno mexicano y del departamento del Tesoro de EU comprueban que la Secretaría de Hacienda solicitó, en el marco de un convenio de colaboración con EU, datos sobre Ponce.

“La información y filmación -del ex secretario de Finanzas apostando dinero en Las Vegas- no tenía el propósito de combatir un acto de corrupción, sino afectar al gobierno de la ciudad y en particular al jefe de Gobierno”, acusó el político tabasqueño.

El jefe de Gobierno del DF denunció así que la Secretaría de Hacienda investigaba desde febrero a Ponce por actos de corrupción y no avisó a la administración capitalina, sino esperó hasta el 1 de marzo, cuando estalló el escándalo al ser revelado el video.

Acusó a Hacienda y a la PGR de conocer las actividades presuntamente ilícitas del ex secretario de Finanzas capitalino desde antes de la difusión del video "y no actuaron, lo dejaron escapar o lo tienen en su poder".

Criticó a las dependencias federales de no informar al gobierno de la Ciudad del asunto para proceder legalmente en contra del funcionario y tampoco de actuar directamente una vez que tenían la información sobre los presuntos delitos del fuero federal. "No actuaron en forma institucional, lo hicieron de acuerdo a una motivación política de carácter faccioso".

Asimismo, López Obrador afirmó que México violó un acuerdo de cooperación con EU al revelar públicamente la información obtenida mediante la asistencia internacional.

Dijo también que la denuncia presentada por Hacienda a la PGR hasta el 4 de marzo, "se levantó para tratar de justificar la utilización del Estado, a todas luces con fines facciosos".

Por ello, el jefe de Gobierno del DF solicitará una audiencia con el presidente Vicente Fox, “para aportarle estos elementos de prueba porque probablemente no haya sido informado y le pediré su intervención en este delicado asunto”.

De igual forma deslindó a los medios de comunicación, que, dijo, son libres para encontrar y difundir las noticias y no tienen la obligación de dar a conocer sus fuentes.

El proceso, según AMLO

López Obrador acusó a las autoridades federales de actuar de manera facciosa. Acusó a Hacienda de haber solicitado el 18 de febrero a la Red de Combate de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EU, información sobre Ponce y su esposa.

El 19 del mismo mes, Ponce Viajó a Las Vegas y un día después lo hizo el empresario Carlos Ahumada. Hacia los días 20, 21 y 22 de febrero, el ex secretario de Finanzas del DF fue filmado apostando fuertes cantidades de dinero en la zona VIP del Hotel Bellagio en Las Vegas, y para el 25 de febrero México recibió respuesta de EU sobre los actos de corrupción de Ponce.

Y el 1 de marzo se difunde el video por televisión.



Grupo Reforma

Ciudad de México (15 abril 2004).- Informo a los habitantes del Distrito Federal, a la opinión pública.

1.- En el caso de Gustavo Ponce hubo cooperación entre el gobierno de Estados Unidos y el de México, tengo las pruebas que voy a entregar a ustedes, en el marco del Acuerdo de Cooperación Mutua entre el gobierno de los Estados Unidos de América para el Intercambio de Información Respecto de Transacciones en Moneda realizadas a través de instituciones financieras para combatir actividades ilícitas.

2.- El 18 de febrero la Dirección General Adjunta de Investigación de Operaciones, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, solicitó a la Red de Combate de Crímenes Financieros (Fincen), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, información financiera respecto a Gustavo Ponce Meléndez y Esperanza González Ocampo, su esposa.

3.- El 19 de febrero Gustavo Ponce viajó a Las Vegas, al día siguiente lo hizo Carlos Ahumada; el 20, 21 y 22 del mismo mes Gustavo Ponce fue filmado en el Hotel Bellagio.

4.- El día 25 de febrero de 2004 se recibió la respuesta de la Red de Combate de Crímenes Financieros (Fincen), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, donde se desprenden los hechos que se dieron a conocer en México por la televisión el día primero de marzo

5.- El 18 de febrero la Dirección General Adjunta de Investigación de Operaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información financiera de Gustavo Ponce y Esperanza González Ocampo. En respuesta, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores envió dicha información los días 23, 25 y 27 de febrero.

6.- Las acciones descritas y otras más prueban lo siguiente:

a).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República sabían de las actividades presuntamente ilícitas de Gustavo Ponce desde antes de la difusión del video y no actuaron, lo dejaron escapar o lo tienen en su poder.

b).- Las dependencias federales no informaron al Gobierno de la ciudad para proceder legalmente en contra del funcionario y tampoco actuaron directamente una vez que tenían la información sobre los presuntos delitos del fuero federal y evitar así la impunidad; no actuaron en forma institucional, lo hicieron de acuerdo con una motivación política de carácter faccioso.

c).- Estas dependencias involucradas violaron el artículo quinto del Acuerdo de Cooperación entre México y Estados Unidos que establece, cito textualmente, "toda la información obtenida de conformidad con el presente acuerdo sólo se utilizará con el objeto establecido en la solicitud de asistencia. Esta información no podrá ser distribuida, revelada o transmitida en forma distinta a la señalada en la solicitud original sin la autorización previa o por escrito de la parte requerida o de su representante designado, salvo que dicha información haya sido revelada en el curso de un procedimiento judicial o administrativo"

Aclaro, no estoy responsabilizando a ningún medio de comunicación, los medios son libres para encontrar y difundir las noticias y no tienen, además, la obligación de dar a conocer sus fuentes. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien recibió la información, violó el acuerdo internacional antes citado.

7.- Se reafirma lo que dijimos desde el principio del escándalo, la información y la filmación de Gustavo Ponce en Las Vegas no tenía realmente el propósito de combatir un presunto ilícito de corrupción, sino el de afectar políticamente al Gobierno de la ciudad y en particular al Jefe de Gobierno.

8.- La denuncia presentada por Hacienda a la Procuraduría General de la República hasta el 4 de marzo se levantó para tratar de justificar la utilización del Estado en un acción, como dijimos antes, a todas luces facciosa.

9.- Por todo lo anterior, voy a solicitar una audiencia con el ciudadano Presidente de la República para aportarle estos elementos de prueba porque probablemente no haya sido informado y al mismo tiempo le pediré su intervención en este delicado asunto.

Éste es texto, esa es la información que les entrego, se comprueba la hipótesis que manejamos desde el principio, esta es la carátula del informe.

Consecuencias de las IRRESPONSABLES declaraciones de López Hablador:

Califica SHCP a AMLO de irresponsable


Afirman que estas actitudes lesionan el Estado de Derecho, se atenta contra los derechos de las personas y se entorpece la procuración de justicia

Grupo Reforma

Ciudad de México (15 abril 2004).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público calificó de irresponsables las declaraciones del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador emitidas hoy.

En un comunicado, aclaró que la Secretaría de Hacienda y los órganos de control y fiscalización que de ella dependen tienen por norma invariable y deber jurídico inexcusable guardar la confidencialidad y el secreto de las investigaciones que, por su naturaleza y por lo establecido en diversos ordenamientos legales nacionales e internacionales, debe protegerse en todo momento.

"No puede sino causar profunda preocupación que, por motivos políticos, propagandísticos o de naturaleza incierta, funcionarios públicos o gobernantes en ejercicio vulneren esa confidencialidad, mediante especulaciones, suposiciones o filtraciones indebidas atribuibles a los órganos locales de procuración de justicia", señaló Hacienda.

Con estas actitudes, aseguró, se lesiona el Estado de Derecho, se atenta contra los derechos de las personas y se entorpece el éxito de la procuración de justicia.

Consideró que "estas lamentables declaraciones hayan sido hechas por descuido y no con el propósito deliberado de obstaculizar la acción de la justicia".

Hacienda apuntó que en el reporte de operaciones que distribuyó a la prensa el Jefe de Gobierno se puede apreciar que la investigación se inició por un aviso de operaciones financieras inusuales realizadas por la señora Esperanza González Ocampo, quien resultó ser esposa del señor Ponce.

El dictamen lo presentó la Secretaría de Hacienda a la Procuraduría General de la República conforme a la Ley. El Gobierno federal tenía que preparar el expediente para que un juez, en su caso, dictara una orden de aprehensión.

Al respecto, reconoció que los órganos jurisdiccionales del gobierno del Distrito Federal tuvieron alrededor de doce horas para ejercer las acciones precautorias pertinentes que evitaran la fuga del funcionario que había sido puesto en entredicho.

Inexplicablemente no llevaron a cabo dichas acciones, añadió.

Creen que AMLO perdió la razón
Critica priista el hecho de que la administración pública capitalina no haya detenido a Gustavo Ponce

Por Ariadna Bermeo
Grupo Reforma

Ciudad de México (15 abril 2004).- El Jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador perdió la razón y el informe que dio este jueves es una muestra de ello, opinó Florentino Castro, delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional priista en el Distrito Federal, quien también se encarga del PRI capitalino.

Sobre los documentos exhibidos hoy por el Mandatario capitalino, consideró en conferencia de prensa que cualquier persona que haya trabajado en la administración pública sabe que era secreta la investigación que se realizaba y que por ello no se envían copias de las investigaciones a alguien.

Castro recordó que, a la par de la supuesta investigación que realizaba la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Gobierno capitalino había iniciado otra por corrupción contra Gustavo Ponce, ahora ex Secretario de Finanzas local, como lo ha declarado López Obrador y la Contralora capitalina, Bertha Luján.

El líder del Partido Revolucionario Institucional criticó por ello el hecho de que la administración pública capitalina no haya detenido a Ponce.

"La información hacendaria es secreta y no se puede compartir hasta que no se tengan elementos de responsabilidad. Indiscutiblemente con ello se busca evitar que una filtración obstruya la procuración de justicia", abundó.

Según Castro, esta situación le preocupa porque el Jefe de Gobierno quiere involucrar a la SHCP en un supuesto complot, cuando se debe preocupar de la posible vinculación de su ex Secretario de Finanzas con el narcotráfico o con el lavado de dinero.

"El poder de la Ciudad de México está en una sola persona, que es el Jefe de Gobierno; los capitalinos votan por una sola persona y en este caso él tiene facultades que delega, pero comparte responsabilidades", expresó.

Para el dirigente priista, López Obrador al parecer ha perdido la razón con sus declaraciones y prueba de ello es que dice que respeta la institución presidencial y la información que entregará al Presidente Vicente Fox primero la da a conocer a los medios informativos.