Mucho se habló en los meses anteriores sobre si vivimos un Estado fallido o simplemente nos conduce un equipo de ineptos, cuyas limitaciones e inmorales aprovechamientos de las facilidades empresariales derivadas de la posición política (corrupción) nos van a llevar sin remedio a tan desastrosa e irreversible circunstancia, una vez agotada la fase actual del gobierno incapaz.
Demasiadas cosas han ocurrido en estos días como para no salvarse de una irremediable sensación de vergüenza nacional. Una de ellas, obviamente la más notoria, es el caso dramático y criminal de la guardería de Hermosillo, Sonora, donde se hallan concentrados de manera muy clara todos los componentes crónicos del gobierno sin gobierno.
Lo más sorprendente en ese múltiple infanticidio producido por la concurrencia de corruptelas y estupideces, es su inutilidad siquiera como ejemplo para evitar potenciales tragedias similares en otros lugares. No sólo observamos una canalla disposición de todos los implicados en este crimen para escurrir el bulto y con él la responsabilidad sino las evidencias de cómo todo se hace a la trompa talega, lo cual es de por sí la mayor irresponsabilidad.
Pero el caso de la guardería no debería preocuparnos nada más por la evidencia de la insegura operación derivada de su peor ubicación. Si todas esas muertes no fueran suficientes para estremecer la conciencia, resulta además incomprensible cómo nadie quiere darse cuenta de la raíz del problema: la subrogación misma. Es un método perverso de eludir la responsabilidad social.
Los males ya visibles de la concesión ilegal de las guarderías (explicado de manera suficiente por el senador Carlos Navarrete durante la desastrosa comparecencia de Karam ante la Comisión Permanente) no parecen ser suficientes para cambiar las cosas y lo peor, no llevan a la sanción de nadie. En este caso se realiza una especie de juego de espejos. El Estado garantiza la seguridad plena... de la impunidad. Nada más sabe hacer.
A Karam se le alivian las responsabilidades con un argumento a modo: todo se originó cuando él estaba en otra parte. Yo acabo de llegar, como si su reciente ingreso no le permitiera advertir, corregir y hasta denunciar irregularidades anteriores, así fuera para salvar su pellejo y si alguna vez lo tuvo, su prestigio.
Y como su antecesor, Juan Molinar, ya está en un nuevo empleo, entonces puede decir: yo ya me había ido, tal si de su desempeño no hubieran quedado antecedentes, digitalizados o no.
Pero la única responsabilidad permanente, más allá de las fechas de ingreso o renuncia, debería derivar del compromiso institucional, al menos eso implica la Ley de Responsabilidades cuyo contenido, por lo visto, se ha escrito en el hielo. Hasta eso se ha perdido en este país.
La mejor manera de mandar al diablo a las instituciones (frase con la cual se escandalizaron quienes de manera aún más nociva lo hacen un día sí y el otro también) es dejarlas en el tobogán de la inercia donde cualquier cosa “ahí se va”, según la vieja fórmula. Nadie sabe nada, nadie hace nada y no es posible hallar la punta de ninguna madeja.
A fin de cuentas en este caso nada más tenemos evidencias, pero pocas consecuencias, pues las órdenes de captura —hasta por Interpol—, se realizan cuando ya los fugitivos se han vuelto “ojo de hormiga”.
No es admisible —por ejemplo— la infantil explicación de un gobierno en el cual don Daniel Karam, director general del Seguro Social, se desembaraza de su tardanza en la exhibición de los beneficiarios de contratos con el argumento de la necesaria digitalización de los archivos cuando los pudo entregar en legajos de papel, así hubiera necesitado un camión de mudanzas.
Pero lo grave no es la demora del señor Karam sino la prueba de cómo todas esas guarderías se adjudicaron a quien fuera y como fuera gracias a las influencias de los parentescos o a los convincentes apoyos del dinero, el soborno, la coima y la corruptela.
—¿Cómo deviene en concesionaria una hija del Mayo Zambada, precisamente en el gobierno de quien ha jurado perseguir a los narcotraficantes donde los haya y no los halla donde los mira?
Juan Molinar Horcasitas, el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, no supo desde la dirección general del Seguro Social la conveniencia de leer antes de firmar y puso su rúbrica en la concesión de la señorita Zambada a quien la DEA ha boletinado como parte de una estructura de lavado del dinero de su papi don Mayo, narcotraficante de amplísima fama.
O no lo sabía, lo cual resultaría grave en el caso de tan ilustrado ideólogo del régimen o el señor Molinar trabaja con el “piloto automático”. Al parecer todo se hace en este gobierno de la misma desmayada e indolente manera.
Pero para el catálogo del humorismo involuntario quedan estas líneas de la Procuraduría General de la República en un comunicado emitido el pasado viernes donde dice: “(el IMSS) ha aportado información necesaria para la integración de la averiguación, la cual ha sido muy puntual y de gran utilidad”.
—¿Información muy puntual? ¿Tiene esa extraña forma de la adjetivación algún sentido? Quizá quiera decir precisa o cierta, ¿pero puntual?
Sin embargo, a cada paso nos hallamos con la demostración de las improvisaciones, la negligencia; el desconocimiento, la baja calidad de este gobierno en todas sus áreas. ¿Quién puede aceptar esto?
Hace dos años se abrió un expediente para la investigación de esta guardería llamada de manera casi tragicómica Niño feliz (será el Niño Mayo) y hasta ahora no hay absolutamente nada y menos habría si la prensa no revisa los documentos entregados al Congreso por don Daniel, quien ya resulta risible de tantos disparates como suelta sin ton ni son. Dos años en la bienal del desperdicio.
Por todo esto se advierte un régimen agotado a la mitad del camino cuyo retrato nos lleva a comprender de golpe la paliza electoral del día 5 de julio. Ríase un poco, por favor:
“Este caso lo tiene la PGR (pues como si no lo tuviera) y tengo que actuar —dice Karam—, sobre el concepto de legalidad y asegurarme que los niños estén cuidados en condiciones de legalidad y calidad. ¿Las mismas de los muertos en la ABC de Sonora o unas mejores, señor director?
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Otra evidencia de la crisis del Estado se vive día tras día en Chihuahua. El asesinato del mormón Benjamín Le Barón tuvo dos consecuencias inmediatas.
La primera, la atracción por parte de la Procuraduría General de la República con sus previsibles consecuencias: tardanza, lentitud, insuficiencia y demás. Si en dos años nada hizo la hija de Zambada, ya podemos imaginar en este caso.
Y en segundo plano, la iniciativa para armar y reclutar defensores entre los propios miembros de la comunidad afectada, lo cual es, además de todo, un reconocimiento abierto de la incapacidad estatal para asumir la principal de sus obligaciones como oportunamente lo han advertido el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el doctor José Luis Soberanes, y algunas otras voces contra esa forma “tolerada” del artículo 17 de la Constitución en pos de la justicia por mano propia.
El gobernador Reyes Baeza, tan atacado por el (políticamente) difunto Germán Martínez en los días previos a las pasadas elecciones, propuso armar a los mormones, lo cual fue según él malinterpretado, pues su intención es nada más abrir una nueva estación de policía en el municipio de Galeana para una mejor atención a los problemas locales.
Como sea hay dos elementos para considerar en este caso de los mormones artillados.
El primero, la frase del hermano de Benjamín —Julián—, quien hablaba de cómo se levantarían dos de ellos después de cada muerto entre los suyos y la segunda, la propia historia violenta de los mormones en Estados Unidos.
En el New York Tribune del 20 de agosto de 1859, Horace Greeley, después de cruzar todo Estados Unidos, publicó un alucinante reportaje sobre el asentamiento de los mormones en Salt Lake City, donde el fundador John Smith nombró gobernador a Brigham Young, al margen de toda legalidad institucional.
“Se erigió (BY) en soberano absoluto y fue necesario enviar tres mil soldados para permitir el acceso al gobierno de funcionarios federales ajenos a la secta... En septiembre de 1857 Young pronunció encendidos discursos que alentaron a algunos de sus seguidores a disfrazarse de indios y atacar un tren cargado de ricios emigrantes procedentes de Misuri y Arkansas, en ruta para California.
Cuando los emigrantes les hicieron frente los mormones se desprendieron de sus disfraces y fingiendo que habían acudido a salvarlos, les persuadieron de que abandonasen las armas y se dirigiesen a pie a Salt Lake City bajo su escolta. Acto seguido, los mormones mataron 120 emigrantes, perdonándole la vida sólo a siete niños”.
Esa fue conocida como la matanza de Mountain Meadows.
En la historia del mormonismo son frecuentes los actos justicieros extralegales; o mejor dicho, bajo la “legalidad” no institucional. Los grupos denominados Ángeles vengadores o Shenpips, son parte de su tradición fundacional.
De ello da cuenta también sir Arthur Conan Doyle, en su novela Estudio en escarlata (1882), lo cual da una idea de cómo en sus primeros años esta comunidad sacudió a miles, tanto como para convertirse en el siglo XIX hasta en tema para un novelista del otro lado del mundo, lejos de las salitrosas planicies de Utah. El capítulo V de esa novela se llama casualmente “Los ángeles vengadores”.
Así pues, el gobierno de Chihuahua estaría cometiendo un grave error si fomenta y formaliza una tradición de venganza y justicia al margen del Estado, cuyo ejercicio ha sido parte de los recursos de supervivencia de la comunidad mormona desde sus primeros días.
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Esta cesión de responsabilidades hacia los “particulares”, este asomo de “privatización” de los componentes de la seguridad pública (como las cárceles concesionadas seguramente con las mismas característica de molicie de las guarderías), no harían sino confirmar las fallas del Estado, lo cual es un hecho innegable a pesar de los discursos en sentido contrario, propios de un gobierno cuyo único recurso es la oratoria. Y ni eso.
Mientras tanto, frente a los discursos y comerciales de radio, cada estado expone sus cifras rojas.
En Zacatecas un retén en Valparaíso sufre dos ataques de narcotraficantes con una pila de muertos; ocho son asesinados en Ciudad Juárez; otros tres en distintos rumbos del estado. Un niño de nueve años aparece atado de manos y con un tiro en la nuca, cinco son asesinados en Guanajuato y cuatro cadáveres se hallan en bolsas de plástico cerca de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde el Ejército inició sus operaciones conjuntas desde el ya lejano 2006.
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