La amable noticia que tenemos el día de hoy, es que habrá cambios en el gabinete. Dentro de los cambios se anuncia que finalmente será remplazado Luis Téllez y su lugar lo ocupará Juan Molinar Horcasitas. ¿Juan Molinar Horcasitas?, se preguntará, y si, a pesar de no contar con perfil que nos muestre como una persona empapada para sobrellevar tan relevante secretaría, finalmente es el funcionario que será colocado dentro del cambio anunciado. Perfil de Molinar Horcasitas: http://www.eluniversal.com.mx/notas/580914.html
Dentro del anuncio que dió Calderón, se comunicó que Luis Téllez es ahora parte de los asesores de Los Pinos ¡!¿?
¿Quién llegará al IMSS?: Daniel Karam Toumeh Perfil:
http://www.eluniversal.com.mx/notas/580961.html¿Cuántos cambios más se podrían anunciar?, porque es innegable, que a Calderón le está urgiend cambiar a gran parte de su gabinete y ya con ganas de hacer todo bien y parecer elegibles para la elección, Max Cortazar también debiera ser removido de su pésima labor. Ni duda nos queda que las cercanas elecciones han logrado que se muevan algunas fichas, francamente impresentables, como Téllez, que dicen poseé dentro de su récord, la violación de 12 amparos y que le costaría proximamente la petición de un juicio político.¿Un asesor como Luis Téllez dentro de los pinos para analizar el panorama económico?
Parece que el cambio anunciado más bien obedece a cómo reciclar los intereses de otros poderes.
Me pregunto: ¿ no tendrían que salir también el secre de los empresarios, el de Turismo, Conaculta, Procurador y Secre de lo que debiera ser seguridad pública?
Bien pues ya veremos cuántos cambios y qué remplazos se están considerando.
La telenovela del oso que armó Téllez , no tiene punto final. Las baterías de la revancha política están planteando "examinar" el desempeño de Purificación Carpinteiro, porque alegan, malos manejos en correos. ¿Quién podrá creer que el fondo es cuestión de cuentas claras?, cuando todos hemos escuchado cómo las cifras se pueden alterar, porque según testimonio grabado de las conversaciones de Luis Téllex "tuvo que decir que existía un desfalco" por nada más mil millones y es que según lo documentado por el diario reforma, se conoce que hay rendición de CUENTOS y manejo de lo que se parece más a otra partida secreta de estado, con fideicomisos y cuentas que no saben exactamente a dónde van a parar.
Bien el viernes pasado, reporte índigo presentó y documentó, cómo los que ejercitan la cultura de la denuncia, finalmente son perseguidos por lo que parece ser política pública. Le dejo el siguiente artículo, para que lo pueda leer:
Parece que aquí el denunciante, debe ser castigado, mientras el infractor sigue gozando del manto protector de impunidad o con silla en puestos de asesor...Le dejo la nota que cita, cómo se pretende "auditar" a Purificación:
Pide SCT auditoría contra Carpinteyro
Destacan que la situación de correos es crítica, pues al cierre de 2008 registró gastos por 4 mil 589 millones, e ingresos por 2 mil 500 millones
Por Mayela Córdoba
Ciudad de México (3 marzo 2009).- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) solicitará la intervención de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública contra la ex directora de Correos de México, Purificación Carpinteyro, quien dejó al organismo con faltantes y deudas cercanos a los mil 500 millones de pesos, aseguró el nuevo titular, Andrés Casco Flores.El funcionario calificó de "crítica" la situación de Correos, pues al cierre de 2008 registró ingresos por 2 mil 500 millones de pesos, pero gastos por 4 mil 589, de los cuales 85 por ciento se destinó a servicios personales; se le transfirieron desde el Gobierno mil 290 millones, y aun así cerró el año con un déficit de 700 millones de pesos."No se tuvo dinero para pagar 252 millones de impuestos y no se enteró al SAR y al fondo de ahorro 124 millones, sin mencionar demandas laborales perdidas por 470 millones de pesos", destacó en entrevista.Relató que Carpinteyro inició un agresivo programa de reestructuración sin contar con los ingresos necesarios para respaldar las inversiones.En aquel programa, sometido a la junta de gobierno de Correos, se proyectó que sólo en el primer año se iban a obtener ingresos adicionales por mil 800 millones de pesos y prometía, para 2008, ingresos totales por 4 mil 300, pero Correos siguió recibiendo los mismos 2 mil 500 millones de pesos que en años anteriores, destacó Casco.Adicionalmente, se tenían que cubrir sueldos de 3 mil empleados nuevos."Se hizo una proyección basada en una cartera de clientes que se supone que estaban amarrados", añadió.Sin embargo, Casco aseguró que no se ganó ni un cliente, e incluso se perdieron, como fue el caso de las Afores. Hoy, 80 por ciento de los ingresos de Correos dependen de 25 clientes.Copyright © Grupo Reforma Servicio InformativoESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN:
Destacan que la situación de correos es crítica, pues al cierre de 2008 registró gastos por 4 mil 589 millones, e ingresos por 2 mil 500 millones
Por Mayela Córdoba
Ciudad de México (3 marzo 2009).- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) solicitará la intervención de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública contra la ex directora de Correos de México, Purificación Carpinteyro, quien dejó al organismo con faltantes y deudas cercanos a los mil 500 millones de pesos, aseguró el nuevo titular, Andrés Casco Flores.El funcionario calificó de "crítica" la situación de Correos, pues al cierre de 2008 registró ingresos por 2 mil 500 millones de pesos, pero gastos por 4 mil 589, de los cuales 85 por ciento se destinó a servicios personales; se le transfirieron desde el Gobierno mil 290 millones, y aun así cerró el año con un déficit de 700 millones de pesos."No se tuvo dinero para pagar 252 millones de impuestos y no se enteró al SAR y al fondo de ahorro 124 millones, sin mencionar demandas laborales perdidas por 470 millones de pesos", destacó en entrevista.Relató que Carpinteyro inició un agresivo programa de reestructuración sin contar con los ingresos necesarios para respaldar las inversiones.En aquel programa, sometido a la junta de gobierno de Correos, se proyectó que sólo en el primer año se iban a obtener ingresos adicionales por mil 800 millones de pesos y prometía, para 2008, ingresos totales por 4 mil 300, pero Correos siguió recibiendo los mismos 2 mil 500 millones de pesos que en años anteriores, destacó Casco.Adicionalmente, se tenían que cubrir sueldos de 3 mil empleados nuevos."Se hizo una proyección basada en una cartera de clientes que se supone que estaban amarrados", añadió.Sin embargo, Casco aseguró que no se ganó ni un cliente, e incluso se perdieron, como fue el caso de las Afores. Hoy, 80 por ciento de los ingresos de Correos dependen de 25 clientes.Copyright © Grupo Reforma Servicio InformativoESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN:
Fecha de publicación: 02-Mar-2009
Dentro de los temas que hemos tocado en este espacio y que están relacionados con la terrible inseguridad y desprotección laboral se encuentra el lamentable caso del accidente relacionado a las mandarinas que emplearon los trabajadores de Pemex. Hoy me han hecho llegar el siguiente comunicado de prensa que fue elaborado en días recientes:
COMUNICADO DE PRENSA
Palacio Legislativo de San Lázaro,
Febrero 25 de 2009
Que Pemex y PGR cumplan obligatoriamente recomendación de la CNDH sobre accidente en Sonda de Campeche
•Hubo negligencia y fallas técnicas: Diputado Cuauhtémoc Velasco
El diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, secretario de la Comisión de Energía, consideró que la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el accidente en la plataforma Usumacinta, debe ser cumplida puntual y obligatoriamente por Petróleos Mexicanos y la Procuraduría General de la República.
Aseguró que las conclusiones de la CNDH en torno a la tragedia ocurrida el 23 de octubre de 2007 en la Sonda de Campeche, donde perdieron la vida 22 trabajadores, son de suma importancia y sientan un precedente, ya que coadyuvarán a corregir de raíz la impunidad y la negligencia que ahí prevalecen y evitar que en lo sucesivo se sigan perdiendo más vidas de trabajadores del mar.
De no atenderse la recomendación, advirtió, seguirán ocurriendo accidentes fatales como el registrado hace menos de un mes, cerca de Dos Bocas, Tabasco, en el barco “Bucanes” (de bandera mexicana y perteneciente a la empresa Servicios Marítimos de Campeche), en el que dos trabajadores murieron por intoxicación al ingresar a un tanque desgasificado que no estaba completamente vacío, lo cual fue ocultado por Pemex.
“Sobran elementos para considerar que la tragedia del Usumacinta fue más que un accidente, ya que en la Sonda de Campeche existe una realidad que no se ha querido atender, producto de una explotación despiadada de los trabajadores de empresas nacionales y extranjeras contratadas por Pemex, que no ofrecen condiciones mínimas de seguridad y violentan sus derechos humanos”, subrayó.
Por ello, el legislador de Convergencia rechazó categórico las conclusiones de la Comisión Especial Independiente, encabezada por el doctor Mario Molina, así como del Informe Battelle, porque encubren a los responsables de la tragedia, se concretan a una serie de recomendaciones técnicas y no van a fondo de la problemática de seguridad y derechos humanos, que son el origen de este tipo de siniestros.
Del análisis de ambos reportes, añadió, se advierte que las investigaciones no se hicieron con toda la información necesaria, ni se pudo realizar la reconstrucción de los hechos previos porque se limitó el acceso a los registros y cuadernos de trabajo, además de que no fue posible determinar el peso y balance de la plataforma y su influencia en el accidente.
Además, dijo, la PGR no permitió el acceso a las mandarinas sino hasta finales de abril de 2008 lo que impidió evaluar uno de los aspectos más importantes para determinar la causa raíz de dicha tragedia.
Recordó que el día del accidente fue revelador el hecho de que a una mandarina le comenzó a entrar agua a los 5 minutos de que zarpó y que las pruebas de laboratorio de la mandarina 2 evidenciaron que los materiales eran de una calidad inferior a la esperada.
Asimismo, se descubrió que 21 de las 81 personas abordaron la plataforma Usumacinta con documentos falsos; es decir, no contaban con licencia de mar y carecían de la capacitación suficiente para enfrentar este tipo de contingencias.
Informó que actualmente en la Corte del Distrito Este de Texas se ventila una demanda con número de expediente 9:2008cv00200 interpuesta por familiares de trabajadores muertos y lesionados en la plataforma Usumacinta, que ratifica que “podríamos estar en presencia de negligencia” y se acusa a Pemex de “tratar de sobornar a la población local”.
Igualmente, en la demanda se destacan defectos de diseño, mal estado de las embarcaciones de emergencia; que el evento climatológico no fue evaluado correctamente, que los botes salvavidas de Pemex no estaban en buen estado, se intentó ocultar los restos de las mandarinas y las válvulas de Schlumberger del pozo Kab 101 carecían de sello hermético.
La CNDH inició el 16 de agosto de 2007 la indagatoria sobre el caso Usumacinta, con motivo de la queja presentada por el diputado Velasco Oliva, en la que advirtió que Pemex no ha observado diversos requisitos de seguridad en instalaciones petroleras a su cargo, ha permitido que trabajadores laboren en condiciones inseguras y no ha corregido las deficiencias detectadas, a pesar de tener conocimiento de las mismas.
Por supuesto que es muy alentador el observar que el Diputado Cuauhtémoc Velasco, está muy al pendiente de la clase trabajadora y que no se cansará de seguir denunciando que todo lo irregular deberá cambiar, para salvaguardar lo más elemental de los derechos humanos y la seguridad que todo trabajador merece gozar.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
Febrero 25 de 2009
Que Pemex y PGR cumplan obligatoriamente recomendación de la CNDH sobre accidente en Sonda de Campeche
•Hubo negligencia y fallas técnicas: Diputado Cuauhtémoc Velasco
El diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, secretario de la Comisión de Energía, consideró que la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el accidente en la plataforma Usumacinta, debe ser cumplida puntual y obligatoriamente por Petróleos Mexicanos y la Procuraduría General de la República.
Aseguró que las conclusiones de la CNDH en torno a la tragedia ocurrida el 23 de octubre de 2007 en la Sonda de Campeche, donde perdieron la vida 22 trabajadores, son de suma importancia y sientan un precedente, ya que coadyuvarán a corregir de raíz la impunidad y la negligencia que ahí prevalecen y evitar que en lo sucesivo se sigan perdiendo más vidas de trabajadores del mar.
De no atenderse la recomendación, advirtió, seguirán ocurriendo accidentes fatales como el registrado hace menos de un mes, cerca de Dos Bocas, Tabasco, en el barco “Bucanes” (de bandera mexicana y perteneciente a la empresa Servicios Marítimos de Campeche), en el que dos trabajadores murieron por intoxicación al ingresar a un tanque desgasificado que no estaba completamente vacío, lo cual fue ocultado por Pemex.
“Sobran elementos para considerar que la tragedia del Usumacinta fue más que un accidente, ya que en la Sonda de Campeche existe una realidad que no se ha querido atender, producto de una explotación despiadada de los trabajadores de empresas nacionales y extranjeras contratadas por Pemex, que no ofrecen condiciones mínimas de seguridad y violentan sus derechos humanos”, subrayó.
Por ello, el legislador de Convergencia rechazó categórico las conclusiones de la Comisión Especial Independiente, encabezada por el doctor Mario Molina, así como del Informe Battelle, porque encubren a los responsables de la tragedia, se concretan a una serie de recomendaciones técnicas y no van a fondo de la problemática de seguridad y derechos humanos, que son el origen de este tipo de siniestros.
Del análisis de ambos reportes, añadió, se advierte que las investigaciones no se hicieron con toda la información necesaria, ni se pudo realizar la reconstrucción de los hechos previos porque se limitó el acceso a los registros y cuadernos de trabajo, además de que no fue posible determinar el peso y balance de la plataforma y su influencia en el accidente.
Además, dijo, la PGR no permitió el acceso a las mandarinas sino hasta finales de abril de 2008 lo que impidió evaluar uno de los aspectos más importantes para determinar la causa raíz de dicha tragedia.
Recordó que el día del accidente fue revelador el hecho de que a una mandarina le comenzó a entrar agua a los 5 minutos de que zarpó y que las pruebas de laboratorio de la mandarina 2 evidenciaron que los materiales eran de una calidad inferior a la esperada.
Asimismo, se descubrió que 21 de las 81 personas abordaron la plataforma Usumacinta con documentos falsos; es decir, no contaban con licencia de mar y carecían de la capacitación suficiente para enfrentar este tipo de contingencias.
Informó que actualmente en la Corte del Distrito Este de Texas se ventila una demanda con número de expediente 9:2008cv00200 interpuesta por familiares de trabajadores muertos y lesionados en la plataforma Usumacinta, que ratifica que “podríamos estar en presencia de negligencia” y se acusa a Pemex de “tratar de sobornar a la población local”.
Igualmente, en la demanda se destacan defectos de diseño, mal estado de las embarcaciones de emergencia; que el evento climatológico no fue evaluado correctamente, que los botes salvavidas de Pemex no estaban en buen estado, se intentó ocultar los restos de las mandarinas y las válvulas de Schlumberger del pozo Kab 101 carecían de sello hermético.
La CNDH inició el 16 de agosto de 2007 la indagatoria sobre el caso Usumacinta, con motivo de la queja presentada por el diputado Velasco Oliva, en la que advirtió que Pemex no ha observado diversos requisitos de seguridad en instalaciones petroleras a su cargo, ha permitido que trabajadores laboren en condiciones inseguras y no ha corregido las deficiencias detectadas, a pesar de tener conocimiento de las mismas.
Por supuesto que es muy alentador el observar que el Diputado Cuauhtémoc Velasco, está muy al pendiente de la clase trabajadora y que no se cansará de seguir denunciando que todo lo irregular deberá cambiar, para salvaguardar lo más elemental de los derechos humanos y la seguridad que todo trabajador merece gozar.
Como ya debe conocer, el precio del dólar anda por las nubes y ¿cuántas reservas se han vendido en lo que va del año?, en la siguiente liga podrá conocer la enorme cantidad empleada:
http://www.eluniversal.com.mx/notas/580858.html
Prosiguiendo con el tema de los sindicatos, la siguiente columna comenta lo siguiente:
Prosiguiendo con el tema de los sindicatos, la siguiente columna comenta lo siguiente:
Columna de Ángel Viveros en el díario crónica:
México, la otra invasión * Maromas, maromeros y políticos
*** La que sigue los pasos de la Barrales es Lizette Clavel, quien ocupa ahora la misma posición, sólo que ante la carencia ideológica se ha convertido en maromera para ver en qué partido cae parada. ***
Terrible observar que los puestos o dirigencias sindicales sean empleados para trampolines electorales y no para defender a los agremiados. Dicen que las cosas en ASSA están que arde, porque el grupo antagónico desea recuperar el poder. La herramienta para pretender destituír a a la actual dirigencia está etiquetada, mayormente, en que los recientes convenios firmados están más pesado del lado de los patrones y descobijados los trabajadores. Otro detonante que genera malestar en un sector de los agremiados, es la mezquina intención, de celebrar un "convenio" para amarchantar el conflicto de naturaleza económica. La queja es que la dirigencia se aferra a colocar la percepción "de que la única salida", "buena" es negociar su futuro y percepciones, lo que sin duda sería la peor locura, que como gremio podían aceptar. Otras voces están inconformes, porque el sindicato no se ocupa y no procura, efectivamente y acertivamente, de ASESORAR, cuando la base debe definir sí va o no a determinado tipo de negociaciones. Dicen algunos que la clásica respuesta a las inquietudes es "pues piensa sí te conviene y después vota". Desafortunadamente los alcances jurídicos de las determinaciones no reciben la capacitación jurídica de cuánto pueden perder y cuánto pesará contractualmente.
Por lo pronto, parece que el grupo antagónico va avanzando, lo que sin duda es lamentable, pero sí un gremio no se ocupa por denunciar cuántas depredaciones contractuales han sido mercadas, en perjuicio de sus intereses, sí un gremio no hacen pagar a los responsables directos, sí un gremio se deja INTIMIDAR, sí un gremio deja su destino a lo citen algunas voces, la constante siempre será, que verán perder todo a manos de los que deben representar y defender sus intereses, porque la apatía los convierte invariablemente, en propiedad manipulable de un sinúmero de intereses.Cita un dicho muy popular: "Los pueblos tienen a los gobiernos que se merecen", partiendo de ésa cita, los trabajadores, evidentemente también tendrán representaciones sindicales que merezcan por su apatía e irresponsabilidad sindical, ¿o no?
Me quedaré con la duda de sí la representante Clavel será ¿angel o demonio? para el gremio sindical o sí acaso su impericia es una clara muestra de la clásica ignorancia de cómo se deben comportar y qué retos o bajo qué enfoque se deberá de operar.
En 2005 me pareció que nacía un gremio valiente, muy unido, digno y comprometido por hacer valer sus derechos, pero los recientes acontecimientos me los dibujan como estar en peligro de quedar atrapados dentro los errores y vicios de siempre, que no lograrán suman derechos y beneficios . Así como un pueblo debe recordar su historia ya que de ella se aprende, de igual forma lo deberían de hacer todos los gremios.
Bien dejando el asunto sindical, ahora, tal como le comenté le comparto el artículo publicado por Enfoque, con respecto a los dineros del erario:
Ocultan 12.5% del presupuesto federal
El Gobierno de Felipe Calderón recurre cada vez más a los fideicomisos, lo que entorpece la transparencia
Por Martha Martínez
Ciudad de México (1 marzo 2009).- El Gobierno federal depositó en 2008 más de 322 mil millones de pesos en 318 fideicomisos, mandatos y contratos análogos, aunque estos instrumentos son considerados "cajas negras" dentro de la administración pública.Esta cantidad representa el 12.5 por ciento del presupuesto federal ejercido el año pasado y duplica los montos destinados para rubros tan importantes como la salud, la educación y la seguridad pública.Creados para financiar acciones que van desde la administración y operación de un hotel del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, hasta el pago de becas para estudiantes de bajos ingresos, estos instrumentos operan bajo reglas que impiden conocer a detalle cómo se gastaron los recursos, quiénes fueron los beneficiarios de dicho gasto y cuáles fueron los impactos en el desarrollo social.El informe "Fideicomisos sin Estructura Orgánica (no son entidad paraestatal)", contenido en los anexos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto trimestre del 2008, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es el único instrumento contemplado por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para informar de manera pública sobre la disponibilidad financiera de estos instrumentos jurídicos.En el reporte se informa cuánto dinero se depositó en cada fideicomiso y cuánto se utilizó trimestralmente, pero no especifica cómo se ejerció, qué tipo de acciones se financiaron ni cuántas personas resultaron beneficiadas. El secreto fiduciario, reconocido como un derecho de quienes conforman y manejan los fideicomisos, mandatos y contratos análogos, es el principal obstáculo para abrir esta información.Fideicomisos federales, estatales y privadosDe acuerdo con el informe, el gobierno federal depositó el año pasado más de 322 mil 312 millones de pesos en estos instrumentos, distribuidos de la siguiente manera:Más de 190 mil 751 millones de pesos en 208 fideicomisos federales, que lo mismo tienen como objetivo el combate a la pobreza, que el pago de finiquitos a funcionarios públicos. Más de 3 mil 171 millones de pesos se depositaron en 56 fideicomisos estatales, creados para bajar recursos federales a las entidades federativas.Cerca de 676 millones de pesos se destinaron a 26 fideicomisos privados; es decir, aquellos que son constituidos por particulares, pero que reciben recursos del erario a través de transferencias y donativos. El gobierno federal canalizó también 127 mil 712 millones de pesos a 28 mandatos y contratos análogos federales y privados. En total, estas cantidades generaron intereses equivalentes a 21 millones de pesos en 2008.Los recursos fueron canalizados a través de 22 dependencias entre las que se encuentran 16 secretarías de Estado, la Presidencia de la República, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Procuraduría General de la República y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.La información financiera de este reporte de la SHCP se encuentra dividida en ingresos, egresos, rendimientos, saldo total y destino final del dinero; sin embargo, este rubro no permite transparentar el uso de los recursos. Por ejemplo, el fideicomiso Conservaduría Palacio Nacional, a cargo de la Presidencia de la República, indica en el rubro Destino lo siguiente: "los 40 millones de pesos corresponden a las aportaciones del ramo 02 Presidencia de la República y los 218 millones de pesos corresponden a la SHCP, los cuales se destinarán para cubrir erogaciones para la protección, conservación, restauración y recuperación de edificios, áreas, objetos y colecciones arqueológicas, artísticas e históricas que integran el Palacio Nacional".Además de que la información no refiere una acción específica, ésta hace alusión a un total de 258 millones de pesos; la cantidad no coincide, ni con los recursos federales depositados en 2008 por el gobierno federal –218 millones de pesos–, ni con la disponibilidad total del fideicomiso, superior a los 276 millones 696 mil de pesos.
El Gobierno de Felipe Calderón recurre cada vez más a los fideicomisos, lo que entorpece la transparencia
Por Martha Martínez
Ciudad de México (1 marzo 2009).- El Gobierno federal depositó en 2008 más de 322 mil millones de pesos en 318 fideicomisos, mandatos y contratos análogos, aunque estos instrumentos son considerados "cajas negras" dentro de la administración pública.Esta cantidad representa el 12.5 por ciento del presupuesto federal ejercido el año pasado y duplica los montos destinados para rubros tan importantes como la salud, la educación y la seguridad pública.Creados para financiar acciones que van desde la administración y operación de un hotel del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, hasta el pago de becas para estudiantes de bajos ingresos, estos instrumentos operan bajo reglas que impiden conocer a detalle cómo se gastaron los recursos, quiénes fueron los beneficiarios de dicho gasto y cuáles fueron los impactos en el desarrollo social.El informe "Fideicomisos sin Estructura Orgánica (no son entidad paraestatal)", contenido en los anexos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto trimestre del 2008, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es el único instrumento contemplado por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para informar de manera pública sobre la disponibilidad financiera de estos instrumentos jurídicos.En el reporte se informa cuánto dinero se depositó en cada fideicomiso y cuánto se utilizó trimestralmente, pero no especifica cómo se ejerció, qué tipo de acciones se financiaron ni cuántas personas resultaron beneficiadas. El secreto fiduciario, reconocido como un derecho de quienes conforman y manejan los fideicomisos, mandatos y contratos análogos, es el principal obstáculo para abrir esta información.Fideicomisos federales, estatales y privadosDe acuerdo con el informe, el gobierno federal depositó el año pasado más de 322 mil 312 millones de pesos en estos instrumentos, distribuidos de la siguiente manera:Más de 190 mil 751 millones de pesos en 208 fideicomisos federales, que lo mismo tienen como objetivo el combate a la pobreza, que el pago de finiquitos a funcionarios públicos. Más de 3 mil 171 millones de pesos se depositaron en 56 fideicomisos estatales, creados para bajar recursos federales a las entidades federativas.Cerca de 676 millones de pesos se destinaron a 26 fideicomisos privados; es decir, aquellos que son constituidos por particulares, pero que reciben recursos del erario a través de transferencias y donativos. El gobierno federal canalizó también 127 mil 712 millones de pesos a 28 mandatos y contratos análogos federales y privados. En total, estas cantidades generaron intereses equivalentes a 21 millones de pesos en 2008.Los recursos fueron canalizados a través de 22 dependencias entre las que se encuentran 16 secretarías de Estado, la Presidencia de la República, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Procuraduría General de la República y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.La información financiera de este reporte de la SHCP se encuentra dividida en ingresos, egresos, rendimientos, saldo total y destino final del dinero; sin embargo, este rubro no permite transparentar el uso de los recursos. Por ejemplo, el fideicomiso Conservaduría Palacio Nacional, a cargo de la Presidencia de la República, indica en el rubro Destino lo siguiente: "los 40 millones de pesos corresponden a las aportaciones del ramo 02 Presidencia de la República y los 218 millones de pesos corresponden a la SHCP, los cuales se destinarán para cubrir erogaciones para la protección, conservación, restauración y recuperación de edificios, áreas, objetos y colecciones arqueológicas, artísticas e históricas que integran el Palacio Nacional".Además de que la información no refiere una acción específica, ésta hace alusión a un total de 258 millones de pesos; la cantidad no coincide, ni con los recursos federales depositados en 2008 por el gobierno federal –218 millones de pesos–, ni con la disponibilidad total del fideicomiso, superior a los 276 millones 696 mil de pesos.
Opacidad de alto riesgo
Es esta opacidad por la que, desde 2004, la Auditoría Superior de la Federación clasificó a los fideicomisos, mandatos y contratos análogos como áreas de "alto riesgo" dentro de la administración pública federal.En el Informe sobre la Cuenta Pública 2004, la ASF advirtió que estos instrumentos no sólo representan un obstáculo para la fiscalización –porque el secreto fiduciario impide tener acceso a la información–, sino que los ubicó como una de las más representativas áreas de opacidad debido a los cuantiosos montos que manejan.Para Sara Murúa Hernández, presidenta de Enclave, Equidad Social y Transparencia (asociación civil dedicada a promover la transparencia y el acceso a la información), el verdadero problema radica en que a través de estos instrumentos jurídicos, el Ejecutivo federal tiene a su disposición una cantidad "escandalosa" de recursos públicos que podría canalizar de manera directa a programas de combate a la pobreza, pero prefiere usarlos mediante figuras que se caracterizan por favorecer el uso discrecional del erario.Murúa reprocha que, a pesar de los escandalosos actos de corrupción que tuvieron lugar el sexenio pasado por fideicomisos como Transforma México, Aduanas 1, ISOSA y FARAC, entre otros, el gobierno federal siga depositando en este tipo de instrumentos recursos equiparables a los que maneja una secretaría de Estado, sin promover primero modificaciones legales que permitan una mejor fiscalización.ComparativosLos más de 322 mil millones de pesos que el gobierno federal ingresó el año pasado en 318 fideicomisos, mandatos y contratos análogos, superan al presupuesto de cualquier Secretaría de Estado, los recursos aprobados para el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en 11 años de operación, y el presupuesto destinado a la seguridad pública en los dos últimos años.En 2008, el presupuesto de la SEP fue cercano a los 147 mil 498 millones de pesos, mientras que el aprobado para las dependencias responsables de la seguridad –PGR, SSP, Sedena y Semar– entre 2008 y 2009, fue de 182 mil 172 millones de pesos.En tanto, los recursos aprobados entre 1997 y 2008 al programa Oportunidades –principal estrategia para el combate a la pobreza– fueron de 236 mil 180 millones de pesos.La especialista explica que el secreto bancario ha provocado que los fideicomisos, mandatos y contratos análogos se utilicen excesivamente en la administración pública federal.Lo anterior porque dicho ordenamiento prohíbe a las instituciones bancarias proporcionar información sobre el manejo de los recursos depositados en los instrumentos bajo su custodia, si no existe de por medio la autorización expresa del representante legal para abrir la información.Cuentas blindadasEn los últimos años ha habido esfuerzos de la ASF, la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental para transparentar el uso de estos recursos, pero generalmente las posibilidades se reducen ante el secreto bancario.En febrero de 2005, el Congreso aprobó una modificación al artículo 2 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación que amplió la definición de "entidades fiscalizadas" a los fideicomisos, mandatos y cualquier otra figura análoga que administre recursos públicos.Con ello, el Congreso facultó a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar cualquier fideicomiso que tenga entre sus activos recursos provenientes del erario, sin importar el porcentaje de los mismos.A pesar de esta modificación aprobada hace 4 años, el acceso a la información sobre el manejo de los recursos públicos depositados en fideicomisos sigue siendo acotada; más aún, la ASF continúa advirtiendo que estos instrumentos dificultan y, en muchos casos, impiden la tarea fiscalizadora.Esto se debe a que alrededor de 16 leyes y códigos norman el funcionamiento de dichos instrumentos y todos reconocen el secreto fiduciario como un derecho; es decir, el marco legal resulta contradictorio y se traduce en una vía para seguir invocando el secreto bancario como una estrategia para no hacer pública la información.Otro ejemplo de esta situación es el acuerdo firmado el 6 de septiembre de 2004 entre la SHCP y la SFP a través del cual ambas dependencias establecieron los lineamientos para que las instancias del gobierno federal entreguen información sobre los instrumentos jurídicos que coordinan y a los cuales otorgan recursos. El acuerdo reconoce la necesidad de armonizar la observancia del secreto fiduciario con los principios de rendición de cuentas de los recursos públicos, no obstante, la ASF advirtió que en este documento prevalecen "puntos débiles", sobre todo en la novena cláusula, la cual ratifica el secreto fiduciario.El documento, que prometía ser un importante instrumento para la rendición de cuentas, señala en su novena cláusula que "el fiduciario, en los términos de las disposiciones aplicables, guardará el secreto de las operaciones que realice, salvo en los casos en que cuente con la autorización del fideicomitente".En medio de esta ambigüedad en el marco regulatorio, cada año se conforman decenas de nuevos fideicomisos y muchos otros se extinguen sin información detallada sobre el uso de los recursos que tuvo bajo su custodia. De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, sólo en 2007 se dieron de baja 260 fideicomisos, contratos análogos y mandatos; 232 operaban recursos fiscales de los programas federales, mientras que en el periodo de enero a septiembre de 2008, se dieron de baja 39 actos jurídicos de los cuales, 15 corresponden a programas federales sujetos a Reglas de Operación. Estas extinciones generaron reembolsos a las tesorerías por más de mil millones de pesos.En contraste, entre enero y diciembre de 2008, se constituyeron 20 actos jurídicos entre los que se encuentran un fideicomiso de estabilización para la inversión en infraestructura de Pemex, un mandato de administración y pago para programas de procuración de justicia de la PGR y un fideicomiso para dar cumplimiento a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Y es que en México, los beneficios de crear un fideicomiso o un instrumento similar se hacen evidentes cuando se compara la inversión de quien lo constituye y el patrimonio que pueden llegar a administrar.
Dos ejemplos:
El fideicomiso para la Conservación del Palacio Nacional se constituyó el 26 de diciembre de 2007 con mil pesos y en el 2008 tenía un patrimonio superior a los 276 millones 696 mil pesos.
El fideicomiso para Administrar la Contraprestación del artículo 16 de la Ley Aduanera se conformó el 22 de junio de 2006 con mil pesos y el año pasado su patrimonio ya superaba los 13 mil 490 millones de pesos.
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¿Caja Negra o una nueva modalidad de partida secreta?
Que se escuche bien y que se escuche FUERTE
Y, sin embargo, se mueve...
Laura Tena
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