Estado expoliador

Como le comentaba el otro día, ¿qué institución funciona?, ¿en dónde estará el que se dice presidente de los mexicanos?

Y, los cuestionamientos parece que se van haciendo extensos. Desde el tema oportuno que enmarca al " gobernador piadoso", pero tenemos también los contrastes del "gober precioso", del " ex gober millonario montiel, que incrementó su fortuna porque decía que inició desde lava coches", y depredadores de los humanos, en su versión Ulises la peste Ruiz o la más reciente que conozco, del grupo que persiste en mentirle a la sociedad y al posible elector, cuando se denomina ¿nueva mayoría? social-demo-crata, con integrantes tan "nuevos" como Ramón Sosamontes, Pascoe y la casta González Compeán y tan "mayoría", que me dicen algunos compañeros, tenían que acarrear gente para inscribirlos corporativamente en sus nada afamados Centros de Activísmo Político = Cap´s, a los que llegó gente tan "distinguida", como el Naná.

Dentro del sistema bastante bizarro, unos se dicen sociólogos y terminan siendo antropófagos, otros se dicen redentores de los pobres, pero incentivan que cada día existan más, unos se visten de legales, a pesar de que todos los escalones estén cubiertos de la más impresentable inmoralidad e ilegalidad.

Dentro de nuestro panorama nacional la impunidad viene acompañada de amigos o camaradas que están en el sitio preciso. ¿Y el valor de la institucionalidad?, buena pues ésa seguirá siendo letra de cambio y muy negociable dentro del clásico oportunísmo político:

¿Legítimo y Legal?
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=359765
Tal vez deberíamos de estar ya muy acostumbrados, llegan gobiernos muy prometedores, llegan nuevos partidos y seguimos girando en el mismo eje de podredumbre y prostitución de valores. Los del pragmatísmo se comen literalmente a los que desean conducirse y centrar como rector los valores. La gente que llega al poder -en todas sus presentaciones- se ocupa de resolver SU hoy y SU mañana. ¿Cuánto podrá soportar la sociedad normal sin los incentivos que prometan un mejor mañana?, ¿cuánto más tolerará la juventud al constatar, que en el horizonte no hay señales para su progreso o la equidad que desde tantas décadas, está por llegar?

Las plumas afines al poder y al partido en poder, muestran que se inician a impacientar. El pretexto, el gober piadoso, el fondo, esa realidad que asquea, esa realidad que nos muestra y demuestra que los políticos perversos y enanos, tienen frenado todo el sistema y que nuestro destino, en manos de ellos, nos pretende congelar dentro de la involución moral,ética y humana.
El pacto social lleva años hecho añicos. El monopolio de la destrucción lo abona: la codicia, la ambición, el oportunísmo, la mentira, el engaño y la trampa. El complejo de Aristóteles, en los partidos de izquierda lo llegamos a ver, desde el par-tido Alternativa Socialdemócrata, hasta en las mismas filas del PRD. Grupos que se apiñan -como aves de rapiña- para destrozar a los que dieron vida a un movimiento, mientras los partidos de centro y derecha no se ocupan verdaderamente por la agenda social.

Y, en espera de encontrar el camino que nos ayude a torce la mano del destino, le comparto el editorial que hoy coloca Jaime Sánchez Susarrey:


Estado expoliador
Jaime Sánchez Susarrey
3 May. 08

El Estado moderno nació, en teoría, como un pacto entre hombres libres e iguales. Salvaguardar la vida y los bienes de sus integrantes (los ciudadanos) era su objetivo fundamental. Se trataba de establecer un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Más tarde, con el surgimiento de los movimientos obreros, el Estado asumió nuevas responsabilidades todas vinculadas con los derechos sociales. Así nacieron los derechos a la salud y a la educación. Como parte de ese pacto el Estado se reservó, por un lado, el monopolio de la violencia física legítima y, por el otro, el derecho a cobrar impuestos. Ésta es, a grandes rasgos, la esencia del Estado democrático moderno con obligaciones sociales.

Pero, ¿qué pasa cuando en la práctica un Estado no cumple con sus obligaciones o, en todo caso, cumple muy mal y, además, no respeta las normas elementales de su Constitución? ¿Se puede seguir hablando de un Estado democrático o es necesario utilizar otro término para describir lo que verdaderamente ocurre? El caso mexicano es, por desgracia, una ilustración exacta de ese tipo de fallas y carencias. Por eso, a partir de su análisis, podemos formular un concepto alternativo. Vayamos, entonces, por partes.

1. Garantizar la seguridad de los ciudadanos. Ésta es la razón fundamental y esencial de cualquier Estado. De ahí que detente el monopolio de la violencia física legítima. En México, sin embargo, no se cumple ese precepto. El Estado ha perdido el control de territorios y ha sido incapaz de contener la ola de violencia del crimen organizado. No sólo eso. El uso de métodos violentos se ha vuelto común. Los movimientos sociales recurren a ellos con un alto grado de legitimidad. La gente considera que tienen derecho y las autoridades temen aplicar la ley. La decisión de negociar una tregua con el EPR es el ejemplo perverso de esa lógica. Por ese camino se admite como interlocutor a un movimiento que se propone la toma violenta del poder y que jamás renunciará a su objetivo fundamental: destruir al Estado "burgués".

2. La impartición de justicia es el complemento natural del monopolio de la violencia física legítima. El Estado moderno debe garantizar la vida y los bienes de los ciudadanos protegiéndolos de las agresiones de otros ciudadanos, de un enemigo externo o de los abusos de la propia autoridad. Por eso el apego al derecho es un componente esencial de los Estados democráticos. Las leyes determinan prohibiciones y sanciones que son válidas para todos y, por lo mismo, crean certeza jurídica. En México este principio se respetó históricamente a medias. La voluntad del presidente de la República estaba por encima de cualquier norma, incluida la Constitución. Hoy, cuando esa etapa ha sido superada, privan la ineficiencia y la impunidad. La ley no se aplica, pero cuando se pretende aplicar tiene efectos nulos. Así lo demuestra el hecho de que de cada 100 delitos que se cometen menos del 4 por ciento son sancionados. Amén de que la corrupción se traduce en exoneraciones injustificadas. La realidad es que el mexicano común no tiene derecho a una justicia rápida y expedita, sino todo lo contrario.

3. El principio de igualdad ante la ley es otro de los componentes fundamentales de un Estado democrático. El ordenamiento jurídico es el mismo para el pobre que para el rico, para el letrado que para el iletrado o para el hombre y la mujer. En suma, los mismos derechos y las mismas obligaciones para todos sin importar estatus, raza, credo o género. En México, de nuevo, ese principio no se cumple. Los ejemplos abundan. En materia de impuestos la inequidad y la injusticia saltan a la vista. Se cobra mucho a pocos. Una enorme proporción no paga y otra recurre a la evasión fiscal. El remedio contra ese mal existe: gravar el consumo indiscriminadamente. Así quienes más consumen pagan más y la evasión se torna extremadamente complicada porque todos somos consumidores. En lugar de ello tenemos un esquema fiscal que castiga a los contribuyentes cautivos y los tortura con trámites engorrosos e interminables. No existe, en consecuencia, el mismo trato para todos. Hay, como en la granja de Orwell, ciudadanos que son más iguales que otros.

4. Las finanzas en un Estado democrático son transparentes y racionales. Se sabe de dónde provienen los recursos, hacia dónde van y por qué se asignan a tales o cuales prioridades. No ocurre así en México. Y lo más notable es que se trata de una paradoja de la transición. Durante la época de oro del priato, el presidente de la República era el gran Tlatoani. Su corte y su pirámide vivían fastuosamente y no le rendían cuentas a nadie. Con la alternancia y el fortalecimiento del "federalismo" el sistema sufrió un cambio fundamental. Los antiguos virreyes (los gobernadores) se convirtieron en pequeños reyes (enanos y aguerridos, todos) que no le rinden cuentas a nadie. Pero no sólo eso. Utilizan los recursos en forma discrecional. Por eso el gobernador de Jalisco se da el lujo de dar una limosna de 90 millones de pesos al cardenal de Guadalajara. O López Obrador encripta por 10 años las cuentas de los segundos pisos en el Distrito Federal (y con los municipios ocurre otro tanto). No hay transparencia, rendición de cuentas ni responsabilidad.

5. El uso eficiente de los recursos en políticas sociales es el corolario natural de un Estado democrático moderno. No es, de nuevo, el caso de México. La educación pública primaria y secundaria es una farsa. Los estudiantes salen sin saber leer ni escribir ni realizar operaciones. Todos los estudios de la OCDE lo muestran y lo confirman. Algo parecido sucede con las instituciones de salud donde no hay medicinas ni atención para los derechohabientes. El Estado social mexicano es un gran mito. Los miles de millones que se gastan en salud y educación no les reportan ningún beneficio a los mexicanos, pero sí a unos cuantos que viven de esos recursos.

6. En los Estados democráticos la opinión pública es determinante. Hubo un tiempo, en la etapa final del priato, en que bastaba un escándalo o una denuncia fundamentada para que los funcionarios fueran removidos y los gobernadores se pusieran a temblar. Ya no es el caso. Los excesos y la estupidez del gobernador de Jalisco no recibieron siquiera un extrañamiento del gobierno de la República o de Acción Nacional. Son los tiempos que corren. Ciudadanos vapuleados e insultados desde la prepotencia del poder y la idiotez.

¿Cómo definir todo lo anterior? ¿Como un Estado democrático moderno? No, claro que no, se trata en sentido estricto de un Estado expoliador.
http://www.reforma.com/editoriales/nacional/440/878514/default.shtm

Para lograr alcanzar un Estado MOderno y democrático, tendremos que seguir empujando para ver si con la llegada de gente nueva y renovada, despejamos en algo, el patético panorama nacional.
Que se escuche bien y que se escuche FUERTE
Y, sin embargo se mueve...
Laura Tena