Corrupción Estructural...

Mucho he insistido, en la relevancia que deberá tener el Estado de Derecho para tratar de asentar nuestra democracia, y por ello, hoy dejaré una de las 3 ponencia que publicó Grupo Reforma, ya que mediante su lectura podemos dimensionar aún más, qué tanto hay que seguir empujando para lograr una verdadera cultura legal.

El pasado viernes, publiqué lo que podrían ser presiones, o al menos se parecen mucho. Quiero dejar patente que ese mismo viernes, en la entrevista que le hicieran al Secretario Lozano en fórmula financiera se comentó lo siguiente:

Mary Carmen Cortés le preguntó lo siguiente:

¿A quién hiciste enojar Javier, que te trataron de armar tremendo escándalo el día de hoy"...

Posteriormente le preguntó:

¿Y cómo va el asunto de Mexicana de Aviación?

A lo que el Secretario respondió:

"He estado hablando con Gastón Azcárraga, con Emilio Romano y, precisamente el día de hoy con Francisco Villareal.
Les he pedido que se puedan poner de acuerdo, que yo sigo a sus órdenes y en el momento que deseen nos podemos volver a sentar. Que es importante que ya logren un acuerdo, porque de no hacerlo, tendrá que llegar un fallo arbitral".

Otro de los conductores le cuestionaba con respecto a la imparcialidad que pudiera tener Neri, ya que había sido director de Aeromexico y Cintra. La respuesta que dio el Secretario fue la siguiente:

"El asunto es que requiero gente que sea experta en el tema. Efectivamente el Dr. Neri ocupó esos cargos, así como otro de los peritos nombrados, colaboró dentro de la DGAC. Requiero que la gente que se ocupe del tema como peritos designados, pueda conocer perfectamente el asunto que tratamos, y por con base a su experiencia, se designaron".

Terminan los conductores nuevamente cuestionando, ¿a quién hiciste enojar Javier?, por qué no vienes a charlar más con nosotros, y entonces el Secretario queda que la semana que viene podría visitarlos para charlar un poco más, de varios temas, y de música como siempre.

Espero que en el espacio de Sobrecargo Informa logren localizar toda la entrevista en audio, para poder compartirla integramente en este espacio.




El estado de la democracia
Panel: Seminario Yale

El pasado día 1o. se llevó a cabo el seminario The State of Mexico's Democracy: Obstacles to Consolidation, organizado por Susan Stokes de la Universidad de Yale y John Ackerman del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Participaron especialistas y políticos, tales como Sergio Aguayo, Manuel Camacho, Denise Dresser, Héctor Fix-Fierro, Lorenzo Meyer, Esteban Moctezuma, Demetrio Sodi, Gustavo Vega y Leo Zuckermann.Enfoque presenta el resumen de las ponencias presentadas por John Coatsworth, Jesús Orozco, Irma Eréndira Sandoval y John Ackerman. El conjunto de las versiones íntegras y el video del seminario son accesibles en http://www.yale.edu/macmillan/mexicosdemocracy/.

Corrupción estructural
Irma Eréndira Sandoval

Un área fundamental para la gobernabilidad democrática a la que todos aspiramos es sin duda el combate frontal de la corrupción. Este terrible cáncer de nuestra vida pública todavía es un gran peso en casi todos los niveles de gobierno.

Transparencia Internacional advierte que casi la mitad de los mexicanos (43 por ciento) desconfían de las estrategias de control de la corrupción y también están convencidos de que el gobierno no sólo es ineficaz en su combate, sino que directamente auspicia y protege las actividades ilícitas. En 2006 más de una cuarta parte de los mexicanos (28 por ciento) se enfrentó a algún tipo de soborno o extorsión.
La cifra supera los niveles reflejados en países como Perú, Panamá Venezuela, República Dominicana, Indonesia, Kenia o Sudáfrica donde la incidencia de este tipo de episodios es claramente menor.Pero estos alarmantes reportes apenas tocan la superficie de un problema cuyo núcleo central no son las "mordidas" a cargo de servidores públicos y burócratas de bajo nivel; sino la corrupción estructural que invade las funciones centrales del Estado. Conflictos de interés de diverso signo abundan en los más altos niveles de gobierno.
Los funcionarios públicos y representantes populares no están obligados a desvincularse de posesiones o inversiones problemáticas para su desempeño público, tampoco cuentan con ninguna obligación de hacer pública su declaración patrimonial.
La Ley Federal de Responsabilidades le prohíbe a los servidores públicos recibir pagos o compensaciones por parte de los entes regulados previamente por ellos, durante el año siguiente a la finalización de su mandato, pero todos sabemos que esta cláusula raramente se cumple y su violación es vista como una falta administrativa menor.
El reciente caso del empleo de Francisco Gil Díaz en el HSBC ejemplifica la clara impunidad que continúa reinando en esta área. Otros casos inequívocos de conflictos de interés son las designaciones de Fernando González, como subsecretario de Educación Básica, y de Héctor Osuna, como presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.Otro conflicto de interés sumamente preocupante es el que existe entre la cabeza de la agencia más importante a cargo del combate de la corrupción, la Secretaria de la Función Pública y el Poder Ejecutivo, cuya rama esta obligada a fiscalizar. Dado que el Secretario forma parte del gabinete del Presidente, éste puede quitarlo de su puesto cuando lo considere necesario y ello a todas luces merma sus capacidades para el combate de la corrupción estructural.
A pesar de que la SFP tradicionalmente ha contado con generosos presupuestos, para 2006 su presupuesto superó los mil 400 millones de pesos, la dependencia ha continuado siendo pasiva e ineficaz en el combate de la corrupción.
Aquí se ofrecen algunos datos.
Entre 2000 y 2005 la SFP sólo inició 87 averiguaciones previas contra funcionarios infractores. La carga de trabajo de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial también ha disminuido.
Mientras que entre 2001 y 2002 esa oficina recibió un promedio de 250 casos al año, entre 2004 y 2005 la cifra se redujo a 75.
El número de quejas ciudadanas en contra de abusos y casos de corrupción también ha disminuido en estos últimos años.
La SFP recibió un total de 16 mil 189 quejas ciudadanas en 2001 que para 2004 disminuyeron a 11 mil 108.
Finalmente, las sanciones impuestas se desglosan así: 48.8 por ciento por negligencia administrativa, 35.9 por ciento por violación de normativa presupuestal, 8.8 por ciento por violación de procedimientos de adquisiciones, 5.0 por ciento por abuso de autoridad y sólo 1.5 por ciento por extorsión o corrupción.
Entre los retos más urgentes del secretario Germán Martínez Cázares están: fortalecer sus indicadores de desempeño, mejorar sus esquemas de supervisión y seguimiento, transparentar el esquema de seguimiento de las quejas ciudadanas, y finalmente ampliar sus auditorías de desempeño. Pero quizás el desafío más importante del nuevo secretario se encuentra en la impunidad.
En 2004, la SFP logró cobrar apenas el 0.03 por ciento del total de las sanciones monetarias impuestas por ella misma a los funcionarios públicos.La necesidad de nuevas prácticas en la administración pública que castigue los conflictos de interés, el tráfico de influencias, que combata la utilización del uso político y clientelista de los recursos públicos, contribuye a perpetuar el problema de la corrupción. La corrupción no es sólo un problema de mordelones y mordidas; ni una cuestión de reeducación hacia una "cultura de legalidad". El combate de la corrupción necesita soluciones estructurales y voluntad política. Ojalá que el nuevo gobierno entienda esto e implemente las medidas que puedan confrontar la red de complicidades e impunidad que sigue minando las funciones básicas del Estado mexicano.

La autora es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y Coordinadora de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM.
Copyright © Grupo Reforma Servicio InformativoESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN:
http://www.reforma.com/edicionimpresa/notas/070513/enfoque/874259.htm
Fecha de publicación: 2007-05-13

Bien terminaré por comentar que el pasado viernes, la facultad de economía de la UNAM reportó que en su investigación con respecto a la hacienda pública, sólo ingresa el 2.7 del PIB, y en contraste, a algunos empresarios se les condonan impuestos que representan el 5.9 del PIB.

Que se escuche bien, y que escuche fuerte
Y, sin embargo, se mueve...
Laura Tena