4 de noviembre de 2006
L a idea del estado de derecho y el principio de igualdad ante la ley son piezas fundamentales de las democracias constitucionales y, por ello, nadie que asuma el compromiso con las instituciones democráticas niega su valor o les opone resistencia. Pero en una sociedad tan desigual como la mexicana, la defensa y la exigencia de legalidad, sin más, no sólo son insuficientes sino que, en realidad, reflejan una posición conservadora, cuyo principal efecto (o intención) es preservar y acentuar la desigualdad entre las personas.
Por eso el debate sobre la legalidad tiene evidentes implicaciones ideológicas, y debe también tenerlas en la discusión sobre las reformas legislativas y las políticas públicas correspondientes. El primer problema radica en una percepción que es necesario confrontar: la superficie del discurso sugiere que todos estamos de acuerdo. Y es que desde cualquier posición política podemos hacer propios esos principios esenciales del pensamiento político liberal. Que el poder se sujete al derecho y que las personas sean consideradas iguales ante la ley es algo sobre lo cual nadie polemiza (sea por convicción, sea por simulación).
Sin embargo, cuando nos sumergimos en el significado real y los alcances del discurso, las diferencias adquieren tal profundidad que resulta imposible que las aguas en la superficie no se agiten. Surge entonces la cuestión de fondo: límites del poder público ante los derechos de quiénes; igualdad ante la ley para quiénes. El olor a naftalina del viejo discurso oficial sobre el estado de derecho, cuyos ecos han logrado sobrevivir el proceso de cambio político, adquiere el tufo inconfundible de la putrefacción: la legalidad mexicana como un sistema de simulación, privilegios, exclusión e impunidad. ¿En qué estamos de acuerdo?
Mientras buena parte de la sociedad vea en la ley un instrumento de arbitrariedades en su contra o privilegios para otros, y mientras no vea en ella una fuente efectiva de garantías para el ejercicio y la defensa de sus derechos y libertades, el discurso sobre el estado de derecho y el reclamo de aplicación de la ley seguirán siendo, como en el pasado, una retórica orientada a revestir de legalidad un régimen de privilegios, exclusión y abuso del poder. Hoy el reclamo de legalidad sólo es legítimo si es incluyente.
Desde la perspectiva socialdemócrata la exigencia es muy clara: construir una sociedad de derechos, donde todas las personas puedan ejercer y defender efectivamente sus derechos y libertades. Esto supone crear un sistema nacional de acceso a la justicia, en virtud del cual el Estado, a través del gobierno federal, ofrezca como parte esencial de su responsabilidad social servicios de asesoría y representación legales a los particulares (seguridad jurídica universal) e integre en un sistema, dotándolas de mayores atribuciones y eficacia, las instituciones de defensa de derechos individuales e intereses sociales difusos (de consumidores, usuarios de servicios financieros, ambientales o laborales, entre otros). Por ello, a propósito del discurso sobre la legalidad, vale preguntar de nuevo ¿en qué estamos de acuerdo?
Dirigente nacional de Alternativa Socialdemócrata y Campesina
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/35885.html
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