El pasado 4 de marzo publicaba un diario, que la bítacora mostraba que el comandante a mando de la aeronave, tenía largas horas y viajes de experiencia en la aeronave. Sin embargo, en lo que parecería más un montaje, que una transcripción de las conversaciones entre tripulantes, las "autoridades responsables" publicaban diálogos, que se asemajan mucho más, al burdo léxico que emplea Luis Téllez y ya no quiero ni imaginar, sí acaso dentro de la elaboración y "transcripción" del audio, también se hubiera podido proyectar, la antiética e inmoral forma de actuar del renunciado Téllez y su equipo. Le comparto parte de la nota, porque evidentemente es todo un insulto, que las familias de los pilotos pudieran ser víctimas doblemente, cuando por un lado, pierden a sus seres queridos y tienen que soportar, que los intereses políticos, dícten, que la "impericia e inexperiencia -con licencia legal-", pudieron ser los factores que incidieron en el accidente:
Pone en duda bitácora de Learjet 45 tésis de impericia
MEXICO, Marzo. 4. - El piloto que estaba al mando del avión donde murieron el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y otras 15 personas era el tripulante más familiarizado con la operación del Learjet 45 que se desplomó el 4 de noviembre de 2008, destaca Excélsior en su edición de hoy.
Tras la revisión de las bitácoras de enero a octubre de 2008, el diario reporta que de los 43 vuelos nacionales e internacionales realizados por la aeronave, en 31 de ellos participó el piloto Martín Oliva, quien controlaba el aparato el día de la tragedia. De ese total, en 20 ocasiones estuvo acompañado de Álvaro Sánchez, quien fungía como copiloto el día del accidente.
El diario afirma que tales datos contradicen las afirmaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) referentes a que el capitán Oliva mostró impericia y falta de familiaridad y capacitación con el manejo del Learjet.
...para leer todo
http://ve.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200903041638_TRM_77876874&idtel=
La fuente original de la información:
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/bitacoras_del_jet_ponen_en_duda_tesis_de_impericia/527253
El ex director de aeronáutica civil, fue la voz oficial que comentaba los datos que se desprendían del proceso que tratarían de explicarnos, ¿qué sucedió aquel día?. De entrada, lucía por demás grotesco el tan solo poder imaginar, que se contrataba gente sin la experiencia deseada y con una licencia que los acreditaba como pilotos.¿Quién asumiría la responsabilidad de certificar capacidades para volar y entregar licencias?
En un país que efectivamente estuvieran ocupados por reforzar la institucionalidad, sencillamente no encargarían la investigación de los hechos y mucho menos emplearían como vocero, al que era juez y oportunamente se convertía en parte. Sin embargo para Luis Téllez la forma era fondo y había que operar para explicar los hechos. Calderón le entregó la confianza a Téllez y posiblemente será cuestión de tiempo, el poder confirmar, sí acaso nuevamente lo engañó. Me pregunto...
¿Qué credibilidad pudiera mantener cualquier funcionario público?, cuando a espaldas de que debiera conducirse como presidente, emplea su nombre, se confabuló con un tercero para elaborar toda una manipulación y evadir respetar una garantía que otorgaba un amparo, engaño y manipulación que finalmente estaba preparada, para que César Nava intercediera en el asunto como secre partícular de Calderón. Pues bien, en un país que existiera la vergüenza y el respeto por las responsabilidades y obligaciones que contrae todo funcionario, hoy Téllez sencillamente no tendría silla de asesor en Los Pinos, y mucho menos, sería candidato para ocupar un puesto dentro de la Bolsa Mexicana de Valores y el próximo relevo.¿Qué inversionísta, nacional o extranjero, estaría tranquilo de operar con la BMV con Luis Téllez como presidente?, porque no es menor el dato que escuchamos en las llamadas fitradas, cuando Téllez le imputaba a Carlos Salinas un atraco al erario -vía partida secreta-, y que horas más tarde de conocerse la grabación, sale el propio Téllez a decir, que su dicho e imputación, sencillamente no tenía sustento ni fundamento y que había sido muy irresponsable de su parte el expresarlo.
Bien dejando de lado al impresentable Téllez y prosiguiendo con el asunto del Lear Jet, hoy se publica en la Jornada, que un área FANTASMA del Cisen, fue la responsable de importar el Lear Jet. ¿Quién estaba al frente del Cisen en 2003?
Las autoridades fiscales carecen de información que avale la compra del reactor
Área fantasma del Cisen importó el Learjet 45 en que falleció Mouriño
Los mismos funcionarios que vigilaron la adquisición en 2003 ahora auditan ese proceso
Fabiola Martínez
En la investigación del proceso de compra, operación y mantenimiento del Learjet 45 –en el que perdió la vida Juan Camilo Mouriño– han surgido datos acerca de presuntas irregularidades cometidas en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), comprador de la aeronave en 2003.
Por ejemplo, la creación de un área fantasma, a la cual el Cisen encomendó la importación del aparato. Las autoridades fiscales no cuentan en su base de datos con registros que avalen los trámites que tendría que haber hecho esa dependencia, de acuerdo con respuestas a solicitudes de información pública.
Además de la indagatoria que desarrolla una comisión interinstitucional sobre los contratos para compra y mantenimiento del aparato siniestrado el 4 de noviembre de 2008, el Órgano Interno de Control del Cisen, encabezado actualmente por Jesús Meza Zapata, está al tanto de una auditoría que se practica a ese proceso.
Sin embargo, los trámites para la compra de la aeronave ejecutiva seminueva estuvieron bajo supervisión, en diciembre de 2003, precisamente de Meza Zapata.
Es decir, las eventuales irregularidades que tuviera el andamiaje administrativo en referencia quedarían bajo el examen de los mismos servidores públicos que vigilaron, hace más de cinco años, el curso de la licitación pública internacional 04100001-035-03.
El código de ética profesional para este tipo de exámenes, emitido por el Colegio de Contadores, señala que quien aplique la auditoría tiene que ser totalmente ajeno a los hechos examinados.
De igual forma, considera que no hay independencia de criterio ni imparcialidad cuando existan relaciones o intereses que puedan ejercer influencia negativa.
El punto 13 del acta de Junta de Aclaraciones de la licitación citada informa a los interesados en gestionar la compra de la aeronave que la Dirección de Servicios Aéreos de la Secretaría de Gobernación sería la responsable de la importación del Learjet 45.
En enero pasado, la Oficialía Mayor de esa dependencia respondió, también a una solicitud de información pública, que en esta Secretaría de Gobernación no ha habido durante el periodo solicitado (2000-2005) ninguna Dirección de Servicios Aéreos. En otro documento de respuesta precisa que en ese lapso no existió ningún puesto con la denominación Dirección de Servicios Aéreos.
De ahí que el Cisen tendría qué explicar quién es el Cap. Víctor Manuel Camacho M., quien durante el proceso de licitación aparece como representante de la Dirección de Servicios Aéreos de Gobernación.
En la auditoría del Cisen se indagaría por qué no existen pruebas de los documentos que supuestamente habría enviado la citada Dirección de Servicios Aéreos de la Secretaría de Gobernación para cumplir con los trámites para la legal introducción al país del Learjet 45 XC VMC o HB VMC, comprado –a través de la gestoría de Servicios Aéreos Estrella– a la empresa TAG, con sede en Suiza.
El 29 de enero pasado, el Servicio de Administración Tributaria informó que emprendió una revisión exhaustiva en términos del artículo 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y no existe documento ni registro en nuestra base de datos que contenga dicha información en los términos requeridos.
En 2003, el Cisen –organismo dependiente de Gobernación– era encabezado por Eduardo Medina Mora y el titular de esta secretaría era Santiago Creel Miranda, quien ha declarado que no hubo irregularidades en el proceso. Afirma que la aeronave seminueva fue adquirida por cerca de 6 millones de dólares, durante un proceso apegado a la norma.
La aeronave –de acuerdo con las facturas 1229 y 49671, emitidas por Servicios Aéreos Estrella, referentes al contrato celebrado con el Cisen 048/04– costó al gobierno mexicano poco más de 7.3 millones de dólares (sólo por el aparato y unidad de potencia seminueva marca Honeywell, sin contar otras gestiones para el ingreso del avión).
Las eventuales irregularidades de la compra y uso del Learjet 45 tienen otros antecedentes administrativos; la Auditoría Superior de la Federación recomendó (acción 06-9-04100-02-276-08-001) aplicar sanciones a servidores públicos que intervinieron en el traslado, fuera de la norma, de personal de otras instituciones gubernamentales, sin contar con la autorización expresa del Secretario de Gobernación.
Cabe precisar que el Cisen transfirió en 2007 la potestad de la aeronave a las oficinas centrales de Gobernación. Es decir, la primera empresa encargada de comprar el jet y darle mantenimiento fue Servicios Aéreos Estrella, luego de una rápida adjudicación de una licitación diseñada por el Cisen; luego, a finales de 2007, Gobernación concedió, para el periodo enero-diciembre de 2008, la operación integral de la misma al Centro de Servicios de Aviación Ejecutiva. El siniestro en el que perdieron la vida 17 personas ocurrió hace cuatro meses.
http://www.jornada.unam.mx/2009/03/16/index.php?section=politica&article=011n1pol
Medina Mora ahora procurador general nada más de la República..., ¿a qué institución le competería ejercer acción penal contra los posibles infractores de la ley?, ¿otro oportuno juez y parte?
En el México del no pasa nada, afortunadamente el diario La Jornada, logra documentar lo que va pasando en éste tema, ahora le comparto una nota más:
La SFP encargó la investigación a Cevallos Godínez, y ésta renunció la semana pasada
Aún no hay reportes sobre la compra del Learjet 45 en que falleció Mouriño
Fabiola Martínez
A más cuatro meses del accidente que sufrió el Learjet 45 en que perdió la vida el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, no ha sido difundido ningún reporte, parcial o total, sobre la investigación que realiza la Secretaría de la Función Pública (SFP) respecto de posibles irregularidades en la adquisición, operación y mantenimiento del avión.
La responsable de la revisión administrativa de la licitación de la aeronave, María Elena Cevallos Godínez, renunció a su cargo la semana pasada y en su lugar designaron a Julio César Hernández Martínez, quien se desempeñaba como titular del órgano interno de control del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
...para leer toda la nota
http://www.jornada.unam.mx/2009/03/15/index.php?section=politica&article=013n1pol
Cambios en investigadores del caso Mouriño
http://www.jornada.unam.mx/2009/03/12/index.php?section=politica&article=019n2pol
Total, que por cualquier lado saltan "sapos", desde que llegó el Pan, a ¿gobernar?
Ante cualquier duda, consultar las opiniones que diera el auditor superior de la federación, con respecto a que las irrgularidades que logra encontrar, hasta ahora, no han sido resueltas por la SCJN o PGR
Reprocha Auditor a la Corte y a PGR Reforma(15-Mar-2009).-
En su último año al frente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de obstruir los alcances de las tareas fiscalizadoras y a la PGR por no resolver una sola de las denuncias presentadas a lo largo de siete años.
En entrevista, el Auditor advirtió que, a pesar de los avances en materia de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, aún se enfrentan obstáculos en materia de facultades y aplicación de sanciones.
Según González de Aragón, en las controversias constitucionales que interponen las dependencias públicas, así como en las resoluciones emitidas por la SCJN, es donde percibe más obstáculos.
La Auditoría acata los fallos del tribunal porque es lo que corresponde a un Estado de derecho, dijo, pero se quejó de que algunos afectaron sus posibilidades de actuación en temas tan delicados como el rescate bancario.
"Los fallos ¿a nosotros nos afectaron?. Pues sí, afectaron el resultado en el caso del rescate bancario de manera muy seria", ejemplificó.
En una votación de ocho contra tres, efectuada en junio de 2005, los ministros anularon la posibilidad de que la ASF recuperara alrededor de 50 mil millones de pesos del rescate bancario, al cancelar los 32 oficios que giró para ordenar que no se pagara la deuda de 110 mil millones de pesos que diversos bancos ingresaron de manera irregular al Fobaproa.
En opinión del auditor, en resoluciones como esa, el interés superior de la sociedad no fue tomado en cuenta.
"Mi gran pregunta es: ¿se tomó en cuenta el interés superior de la sociedad?. Porque hay hechos muy delicados donde el peso de la sociedad, desde mi punto de vista, tiene gran trascendencia, y, para mí, debió de tomar peso en las decisiones, sin dejar de entender que la decisión tiene que ser jurídica"afirmó.
El papel de la PGR y la SFP
Sobre la aplicación de sanciones, informó que el 90 por ciento de las más de 39 mil observaciones emitidas entre 2001 y 2007 se encuentra solventado. Sin embargo, dijo que es necesario reflexionar sobre la situación en la que se encuentra el resto porque algunas de ellas se resuelven por la vía jurídica.
González de Aragón señaló que, en más de siete años al frente de la ASF, ha interpuesto 24 denuncias penales -2 de ellas derivadas de la Cuenta Pública 2007-; ninguna ha sido resuelta por la Procuraduría General de la República (PGR).
Como ejemplo, mencionó una denuncia en contra de Pemex por el presunto desvío de mil 725 millones de pesos que aún se encuentra sin resolver, a pesar de que fue presentada en 2007.
"Presentamos una denuncia por un presunto desvío o mala aplicación de recursos por mil 725 millones de pesos que entregaron al sindicato de Pemex. Todavía no sabemos qué ha pasado; la PGR no se ha pronunciado", informó.
El Auditor demandó una actuación más oportuna de la Procuraduría, pues se trata del producto de siete años de fiscalización.
Sobre la Secretaría de la Función Pública, responsable de traducir en sanciones muchas de las observaciones emitidas por la ASF, consideró que le falta firmeza en las acciones preventivas.
"En un estado ideal de cosas, debiéramos pensar que, si la auditoría interna y el control interno funcionan adecuadamente, cuando llegara la Auditoría Superior de la Federación, pues, debiera llegar a extender cartas de buena conducta, a decir: 'Ya cumplieron, ya corrigieron, ya previnieron', porque la Secretaría de la Función Pública actúa antes que nosotros", señaló.
Círculo vicioso
El Auditor Superior advirtió que hoy se repiten factores que conforman, alimentan y recrean un círculo vicioso que permite a funcionarios públicos desviar recursos a través de instrumentos jurídicos -como fondos y fideicomisos- y partidas que escapan de los mecanismos de control y supervisión.
Insistió en que esos factores han sido denunciados insistentemente de manera pública, pero no han sido corregidos.
Reconoció que, ante la persistencia de las 13 áreas de opacidad detectadas y documentadas por la ASF, sigue el riesgo de que los recursos públicos se desvíen para financiar intereses particulares.
En ese sentido, advirtió sobre la posibilidad de que recursos públicos transferidos a estados y municipios a través del Ramo 33 se desvíen para promover candidaturas o proyectos políticos ante la falta de reglas claras para controlar su uso.
Otra área de opacidad señalada constantemente por la ASF es la de remuneraciones a funcionarios públicos. Al respecto, González de Aragón señaló la necesidad de establecer un tabulador universal a fin de terminar con la discrecionalidad en materia de sueldos y prestaciones.
El Auditor recordó que fue el nivel de salarios de los ministros lo que dio origen a esa recomendación desde el inicio de su gestión, cuando realizó una auditoría transversal a todos los poderes y órganos autónomos.
"Señalamos, en 13 áreas, las remuneraciones a servidores públicos; en un auditoría horizontal a todos los poderes y órganos autónomos, obviamente, detectamos el nivel de salarios que percibían los ministros de la Suprema Corte de Justicia, entonces recomendamos que tiene que haber un tabulador único", dijo.
Nueva contabilidad
El titular de la ASF calificó la aprobación de la Ley General de Contabilidad, que obligará a estados y municipios a homologar sus presupuestos, como una de las acciones más trascendentes derivadas del proceso de fiscalización iniciado en el 2000.
A partir de esta ley, aprobada en noviembre del año pasado, el Auditor prevé que se logrará un registro patrimonial que evite el "saqueo" de los recursos.
Sin embargo, apuntó que también es necesario modificar la Ley de Coordinación Fiscal para hacer entender a servidores públicos, estados y municipios que la soberanía y la autonomía no los exenta de su responsabilidad de rendir cuentas.
Con ello, añadió, se avanzaría de manera decidida para que las transferencias de recursos a estados y municipios se dé de manera transparente.
Sobre el círculo vicioso que prevalece en la Administración pública, señaló que la manera de comenzar a romperlo es limitar al máximo el uso de fideicomisos y fondos y establecer reglas claras para el registro, depósito y uso de subejercicios.
Advirtió que el Poder Legislativo es responsable de garantizar, a través de modificaciones a la ley, que los recursos sean erogados según lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y que, en el caso de los subejercicios, sean manejados por la Tesorería Superior de la Federación, en lugar de transferirlos a instrumentos que favorecen su desvío.
Conózcalo
Nombre: Arturo González de Aragón
Trayectoria: Auditor Superior de la Federación. Electo por la Cámara de Diputados para período 2002-2009.
Preside la Asociación Nacional de Organismos Superiores de Fiscalización y Control Gubernamental, A.C.
Es presidente del Comité de Deuda Pública de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés).
Fue director General de Presupuesto, Administración y Finanzas en la Secretaria de Programación y Presupuesto (1979-1982).
Así lo dijo
"Detectamos el nivel de salarios de los ministros y recomendamos que debe haber un tabulador único".
"Presentamos una denuncia por un presunto desvío por mil 725 millones de pesos que entregaron al sindicato de Pemex. La PGR no se ha pronunciado".
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Que se escuche bien y que se escuche FUERTE
Y, sin embargo, se mueve...
Laura Tena
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