Cuatro son federales y dos capitalinos; el secuestro creció 9.1% en 2008: PGR
Dos horas antes de que la procuraduría aplicara un operativo de rescate, el padre del menor pidió suspender las acciones, ante el temor de que fuera asesinado; el auto y la maleta con el dinero tenían un chip
18-Agosto-08
Las investigaciones sobre el secuestro y homicidio del joven Fernando Martí darán esta semana un giro, debido a que la PGJDF solicitó el arraigo de cuatro agentes federales y al menos dos judiciales capitalinos, quienes presuntamente participaron en el plagio.Las autoridades encargadas del caso habían señalado que no había indicios de que elementos federales estuvieran involucrados en el secuestro; sin embargo, un agente cercano a la indagatoria reveló que hay más policías implicados, lo que se desprende de las llamadas por celular que cruzaron los plagiarios con el jefe de la banda de La Flor, pues fueron rastreadas durante la negociación del rescate del menor.Asimismo, destacó que expertos y funcionarios de la procuraduría capitalina elaboraron un perfil criminológico del dirigente de esta banda de secuestradores, lo que permitió establecer que es oriundo de Xochimilco. Incluso, las autoridades consideran que vive y opera en esta zona del Distrito Federal.Esta persona de “voz chillona”, se detalla en un informe, debe tener 60 años de edad y muy arraigadas creencias y costumbres de Xochimilco, donde se prepara a los muertos colocándoles en la boca una flor (clavel o crisantemo) “para su retorno a este mundo”.El análisis hace suponer a las autoridades que perteneció a las bandas delictivas de Daniel Arizmendi, El Mochaorejas, o Andrés Caletri, y que logró escapar para formar su propia organización.De hecho, se investiga una casa de seguridad ubicada en las inmediaciones de Cabeza de Juárez, delegación Iztapalapa, relacionada con al menos dos plagios cometidos por estos secuestradores.Frenó el operativoDel testimonio del negociador Ernesto Mendieta se desprende que el padre del menor Fernando Martí decidió dos horas antes de realizar el operativo para rescatar a la víctima frenar a la Policía Judicial, a pesar de que se habían colocado chips en la maleta y el vehículo que transportaría el dinero, ante el temor de que los delincuentes pudieran hacer daño a su hijo.“¿Hay riesgo de que le puedan hacer algo?”, preguntó a los judiciales, quienes confirmaron que existía, como en situaciones similares, un riesgo elevado de que así sucediera, por lo que decidió cancelar la operación.También se sabe que el guardaespaldas, quien en principio se dijo que había muerto y después resultó ser “pieza clave” para esclarecer el caso, “no recuerda nada”. Sólo sabe que lo mantuvieron dos días en cautiverio junto con el chofer y les dieron de comer una hamburguesa y un refresco, cuyo contenido “tenía algo que le hizo perder el conocimiento”.Cuando recobró el sentido se encontraba en la cajuela de un vehículo, adonde los secuestradores lo depositaron porque pensaron que había muerto.“Si me hubieran colocado en los asientos del carro se hubieran dado cuenta de que estaba vivo, porque respiraba con dificultad”, señaló en su declaración. De acuerdo con estudios periciales, los secuestradores aplicaron mal el torniquete con el que intentaron asfixiarlo (un doble nudo), lo que le permitió seguir vivo.Se acusanPor otra parte, la defensa de los agentes arraigados señaló que el jefe de la Unidad de Antisecuestros de la PGJDF, Telésforo Tuxpan Zainos, es quien “los puso” (delató) para encubrir a los verdaderos responsables.Su objetivo ahora es que el Ministerio Público de la Federación (PGR) atraiga el caso, a fin de evitar que este funcionario manipule las investigaciones y la consignación de la averiguación previa.La AFI supo hace dos años de un secuestro cometido por la banda de La Flor, pero esa corporación no pudo identificar y detener a los responsablesPena de muerte, “retrógrada”(México•Notimex)• La posibilidad de instaurar de nueva cuenta la pena de muerte es casi nula, no obstante el clamor de justicia de quienes piden ese castigo. Legisladores, juristas y organizaciones civiles la califican de “retrógrada”.Especialistas consideran que tanto la pena de muerte como la cadena perpetua son condiciones punitivas similares y contrarias a la esencia del derecho y las garantías de la Constitución, que consagra la readaptación social del delincuente.En diciembre de 2005 la comunidad internacional aplaudió el anuncio de la abolición formal de la pena de muerte en México, que a pesar de que no se aplicaba estaba inscrita en el artículo 22 de la Constitución, para adecuar el sistema constitucional a la Declaración Internacional de Derechos Humanos.“Castigo tan bárbaro venturosamente ha desaparecido de la Constitución y de la legislación penal sustantiva”, señaló el constitucionalista Raúl Carrancá, al opinar sobre una posible reincorporación de la pena de muerte en el sistema de justicia penal.De la misma forma opinaron otros especialistas, como Luis de la Barreda, quienes consideraron que la pena capital no ayudará a reducir el índice de delitos.
México•Vicente Hernández Elías
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=652229
Secuestros en México, asunto de 4
http://www.cnnexpansion.com/actualidad/2008/08/18/mexico-podria-pedir-ayuda-a-eu-experto/
El secuestro creció 9.1% en los primeros cinco meses del año
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/18/index.php?section=politica&article=008n2pol
Privación de la libertad
Miguel Ángel Granados Chapa
Lunes, 18 de Agosto de 2008
http://www.elmanana.com.mx/notas.asp?id=73503
¿¡Y el artículo 12, apá…?!
http://www.milenio.com/node/64678
Jacobo Zabludovsky
Bucareli
18 de agosto de 2008
La muerte de un niño
http://www.eluniversal.com.mx/columnas/73218.html
Espía Policía Judicial sin control
Para conseguir datos de una persona en poco tiempo, los agentes recurren a contactos en diferentes dependencias que 'cobran' por la información
Por Henia Prado
Ciudad de México (18 de agosto de 2008).- Basta el nombre de una persona y la consulta a bases de datos oficiales, ilegales e "informantes", para que los policías judiciales del Distrito Federal pueden acceder sin control al domicilio, ocupación, cuentas bancarias, lugares que frecuenta y hasta quiénes son sus familiares y amigos.Aunque la información la pueden solicitar de manera oficial en la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF), también recurren a contactos externos que les dan datos indiscriminadamente.Funcionarios y ex funcionarios de la dependencia confirmaron esta práctica y aseguraron que es indispensable para que una investigación tenga éxito."Es súper frecuente. Si el policía no se hace de sus bases de datos propias y no se busca la vida en la calle, no obtiene ningún tipo de apoyo", explicó Jorge Guillén, ex fiscal de Mandamientos Judiciales de la PGJDF.En la Procuraduría local existen dos áreas a las que un judicial recurre para obtener información sobre una persona: la Dirección de Estadística y Política Criminal, y la Segunda Sección del Estado Mayor Policial. Para la primera, los agentes deben presentar un oficio con su nombre, fecha, número de averiguación previa, los datos que requiere y debe estar firmado por el Ministerio Público. "En la Segunda Sección hay bases de datos del IFE, de Telmex, sobre vehículos, de antecedentes penales, pero es muy escueto", reveló un agente.Otros judiciales entrevistados expresaron que la dilación, la falta de bases de datos en la dependencia y la desorganización de las pocas que hay, los orillan a conseguir información, incluso ilegal, a través de conocidos."Es más tardado, si tienes suerte en una semana te la dan y si no te pierdes en el mundo de la burocracia porque somos muchos, son 70 coordinaciones territoriales", comentó un agente."En la Segunda Sección pagaba 200 pesos para que me dieran el IFE de una persona con todo y una foto grande, pero también tengo bases de la Compañía de Luz y Fuerza, de Telmex, de Telcel, Movistar", señaló otro policía judicial.Por la vía oficial, los elementos pueden solicitar desde el listado de bienes hasta el registro en instituciones médicas de los investigados."Para Estadística hacemos un oficio y podemos pedir propiedades, vehículos, licencias de manejo, ISSSTE, IMSS, otras cosas. Es como mera intermediaria porque ellos hacen otro oficio que se lo remiten a las dependencias correspondientes, es muy tardado", aseveró el elemento.Para abreviar tiempos y conseguir más datos, los investigadores se allegan de contactos en empresas de telefonía, instituciones bancarias, el Registro Público de la Propiedad, la Secretaría de Transportes y Vialidad, y cualquier dependencia que les ayude a conseguir lo que necesitan.Igualmente consiguen o compran bases de datos."La información es tardada, y si urge mejor le hablo a mi contacto y le digo: 'qué onda Lic. chéqueme a esta persona', y ya me da los datos, sus cuentas, en qué cajero retiró dinero, así hemos podido agarrar a muchos homicidas y ver cómo se mueven."Toda la información se puede conseguir mediante contactos, pero los contactos cuestan, que la comidita, que el vinito, que él 'table dance' o donde él quiera, o a veces te llaman para que les hagas el paro, otros sí te dicen: 'a mí mejor dame dinero y así quedamos'", dijo un comandante.Las sábanas de los números telefónicos llegan a costar desde 200 pesos a más de mil 500, dependiendo del área de adscripción de quien pida los datos.Por ejemplo, si el judicial es de secuestros el precio se incrementa en comparación con una fiscalía desconcentrada."Con el nombre de la persona consigo su IFE, allí viene su domicilio, lo puedo checar en el banco, ponerle 'campana' (vigilancia) en su casa, ver qué carro tiene y buscarlo por las placas a ver si está a su nombre; en su teléfono checar con qué gente habla y quiénes son, dónde trabaja", describió otro policía.
Urgen a regular acceso a datos
La facilidad con que los agentes judiciales pueden obtener información personal de terceros se debe controlar, para evitar que se utilice con fines delictivos, advirtió el ex fiscal de Mandamientos Judiciales de la PGJDF, Jorge Guillén."Lo importante no es tanto que se pueda generar la información de una u otra manera, sino lo importante es qué se hace con la información y que ésta puede utilizarse para otros fines", señaló el ex Fiscal Guillén.Los mismos elementos admitieron que la recopilación de datos externa favorece su mal uso, pues algunos compañeros los utilizan para extorsionar o filtrarla a bandas del crimen organizado para perpetrar sus delitos.El Ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, advirtió que el Estado no puede combatir el delito cometiendo delitos."Tiene que estar dentro de sus facultades (abrir el acceso a la información) para tutelar nuestros derechos", dijo.En la Asamblea Legislativa, algunos legisladores se han pronunciado por controlar el acceso a esta información, para prevenir hechos delictivos."Hoy todo es empírico y los elementos de la Policía Judicial trabajan con lo que tengan a la mano, y si lo hacen por debajo del agua pueden cometer un delito si esa información es restringida", opinó el diputado Agustín Castilla, integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.El diputado Daniel Ordóñez resaltó la importancia de hacer una base de datos digital compartida entre las dependencias del sistema de justicia, la Setravi, el Registro Público de la Propiedad y el Registro Civil, no sólo para supervisar los datos, sino para evitar conductas ilícitas.Copyright © Grupo Reforma Servicio InformativoESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN:
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Fecha de publicación: 17-Ago-2008
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