Iniciaré por lamentar la muerte del científico Francés, vida útil, arrebatada por ésas manos inútiles que han crecido en el ambiente de corrupción e impunidad. Sí bien es cierto que tienen a 3 presuntos atrapados, también es cierto, que un gobierno que vigile bien, que contrate bien, que se ocupe de cumplir con la obligación de garantizar nuestra seguridad no tendría que hacer detenciones, porque sencillamente no habría espacio para que deambulen los ladrones con tanta impunidad. ¿Quién se está ocupando para que las armas no se vendan?, ¿quién será el responsable de reforzar las zonas inseguras?, zonas que por cierto llevan años siendo el mapa de la delincuencia, ¿cuántos asaltos, agresiones físicas y asesinatos por el aeropuerto tendrán que hacer falta?
URGE verdaderamente que a todos los seres humanos que andan o andamos por la calle, alguien se ocupe de velar por nuestra seguridad e integridad. Desde aquí mí más sentido pésame para la familia del científico francés, Christopher Augur, que hoy fallece.
Bien hoy le compartiré dos editoriales que toca el asunto del estado fallido. Susarrey es un escritor alérgico a todo lo que huela a izquierda y por ello me llama la atención de su escrito. Parece que la realidad lo está expulsando de Felipelandia y finalmente coloca varias consideraciones, por supuesto, que alguien deberá atender
Que se escuche bien y que se escuche Fuerte
Y, sin embargo, se mueve...
Laura Tena
F-a-l-l-i-d-o
Por Jaime Sánchez Susarrey
Primero fue el informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. A finales del año pasado, el gobierno estadounidense definió a los cárteles mexicanos como la mayor amenaza del narco contra su territorio. Pero no sólo eso. El informe señala a México y Pakistán como los dos "focos rojos" del planeta: "Algunas formas de derrumbe en Pakistán conllevan la posibilidad de una guerra civil y sectaria sostenida, violenta y sangrienta, y un refugio seguro aún más grande para extremistas violentos, y el asunto de qué pasaría con sus armas nucleares..."La posibilidad mexicana podría parecer menos viable, pero el gobierno, sus políticos, su policía y su infraestructura judicial están todos sometidos a una agresión sostenida y presiones de pandillas criminales y cárteles de la droga. La forma que tome ese conflicto interno en los próximos años tendrá un impacto trascendental en la estabilidad del Estado mexicano. Cualquier derrumbe de México a una situación de caos demandaría una respuesta estadounidense, basándose simplemente en las graves implicaciones para la seguridad interior". Fin de la cita.
Después, el almirante Michael Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto, refrendó el diagnóstico: "Hemos observado el rápido aumento en el número de asesinatos y secuestros que han ocurrido en el curso de los dos últimos años, y han llamado toda nuestra atención. Y creo que el general Mattis (autor del polémico reporte) se refiere a eso. Y Estados Unidos y México tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance para eliminar esa amenaza".La respuesta de este lado de la frontera no se hizo esperar. La indignación: ¡cómo se atreven a compararnos con Pakistán!, el tono doctoral y despectivo: no saben de lo que están hablando, y la teoría de la conspiración: buscan debilitar al gobierno fueron las notas dominantes. El propio presidente de la República salió al quite en Davos, Suiza: "Ya en otros foros y núcleos de pensamiento -dijo- se han encargado de revertir esta versión, pero a mí me parece importante que cualquier duda sea despejada, y si es posible hacerlo directa y personalmente, lo voy a hacer".
Las palabras de Felipe Calderón cerraron la pequeña andanada en defensa de la dignidad nacional. Antes, intelectuales de renombre y el secretario de Gobernación se habían ocupado del asunto. El problema está, justamente, en que ninguno de ellos ha despejado las dudas. Y no las ha despejado porque las cifras y los datos son, en el mejor de los casos, preocupantes y, en el peor, aterrantes.
En 2007 hubo en México 2 mil 773 ejecuciones.
En 2008 el número se elevó a 5 mil 661.
El incremento en 12 meses fue de poco más del 100 por ciento. La cifra, como lo han señalado los propios estadounidenses, supera al número de víctimas en Iraq.
La dimensión de la violencia se puede medir por el número de ejecuciones, pero también por la forma en que se realizan.
La brutalidad, la saña, la prepotencia y el uso descarnado de la fuerza se han convertido en la regla:
16 de agosto, Creel, Chihuahua: 13 ejecutados en un salón de fiestas -la policía municipal huye para no enfrentar un convoy de al menos 15 sicarios.
28 de agosto, Mérida: 11 decapitados, desnudos y atados de pies y manos.
12 de septiembre, La Marquesa, estado de México: 24 albañiles ejecutados que presuntamente construyeron un narcotúnel.
15 de septiembre: estallan dos granadas en Morelia, Michoacán.
9 de octubre, Chihuahua, Chihuahua: 11 ejecutados en un bar.
4 de diciembre, San Ignacio, Sinaloa: 13 ejecutados, presuntos labriegos, todos menores de 20 años.
21 de diciembre, Chilpancingo, Guerrero: ocho decapitados, todos militares (incluido un capitán), después de haber sido levantados durante varios días.
De esta lista, hay dos hechos que son particularmente graves:
el primero es el acto narcoterrorista en Morelia el 15 de septiembre. Sembrar el pánico entre la población fue el propósito evidente. Las víctimas eran ajenas al narcotráfico.
El segundo es la decapitación de los ocho soldados en Chilpancingo, incluido un oficial de rango, en abierto y declarado desafío al Ejército.
Para acabar de documentar el optimismo del gobierno mexicano, hay dos datos que ilustran la complejidad de la situación.
Según un reporte del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, 2 mil armas atraviesan cada día la frontera sur de Estados Unidos. Así que si esa estimación es correcta entre 2007 y 2008 ingresaron a México un millón 460 mil armas.
En contrapartida, a decir de Eduardo Medina Mora, procurador General de la República (El País, 23/11/08), durante esos años se incautaron 27 mil armas.
Pero los males no terminan allí.
La ofensiva lanzada por el Ejército en el inicio del gobierno de Felipe Calderón tenía un objetivo fundamental: recobrar los territorios donde los narcotraficantes habían instalado su poder y sus reales. De entonces a la fecha, las tropas han debido desplegarse a lo largo y ancho de toda la República, pero no hay evidencia de que el Estado, las Fuerzas Armadas, haya recuperado esos espacios. Entidades que se hallaban al margen del conflicto, como Aguascalientes, figuran hoy entre los estados más inseguros.El otro lado de la medalla, como mucho se ha dicho, es que los cárteles de la droga han extendido sus actividades a la extorsión y el secuestro. Las historias de personas o empresas que pagan una cuota mensual (derecho de piso) para ser "protegidas" abundan. Así como abundan las anécdotas de presidentes municipales sometidos al crimen organizado o de gobernadores que se declaran incompetentes y prefieren no enfrentar el problema.
Para finalizar está la capacidad de corrupción que tiene el crimen organizado. La experiencia no es nueva. Ahí está el general Gutiérrez Rebollo durante el sexenio de Ernesto Zedillo. Los casos más recientes confirman la historia. El jefe de la Policía Federal Preventiva, Garay Cadena, recibía 450 mil dólares mensuales. ¿Cómo evitar, contener y combatir eficazmente ese poder? Hasta ahora nadie ha respondido claramente.
Frente a este panorama, tenemos una clase política timorata y pichicata que se niega a reconocer los problemas. Porque si fuera de otro modo ya estarían trabajando en la construcción de una policía nacional única a fin de sacar al Ejército de la primera línea de combate. ¡Cómo albergar entonces confianza o esperanza!
No, por desgracia los temores de los estadounidenses son fundados y constituyen una advertencia seria: el Estado f-a-l-l-i-do es una posibilidad real en nuestro país.
http://www.reforma.com/editoriales/nacional/482/963487/
SOBREAVISO
Rumbo al Estado fallido
Por René Delgado
En el exterior se comienza a percibir a México como un Estado fallido, en el interior no.Dentro del país, la élite política no advierte el peligro de la inestabilidad, el crecimiento de la violencia y el descontento social, en suma, de la ingobernabilidad. Por lo mismo, no está dispuesta a moverse un ápice de su conducta tradicional, siendo que la circunstancia exige precisamente cambiar.La gravedad de la situación nacional no conmueve a esa élite. Por el contrario, la reconfirma en la idea de echar mano del socorrido recurso y discurso del "aquí no pasa nada". Y, en esa lógica, norma su movimiento a partir de muy viejos principios:
uno, mientras en el país no se sepa la gravedad de lo que ocurre, la realidad no existe;
dos, mientras el problema se maneje como un asunto de imagen, muy poco importa lo que suceda;
tres, mientras el crimen organizado aparezca como el origen de todos los males, nosotros (la élite política) podemos seguir cometiendo nuestras tropelías;
cuatro, mientras se sostenga la noción de que la crisis es sólo económica, las otras crisis no tienen impacto; y,
cinco, mientras se traslade el peso de la crisis a la sociedad, no hay por qué reducir nuestro propio ritmo de gasto ni por qué modificar nuestra conducta.
Así, irresponsablemente, el grupo en el poder avanza en la dirección justamente que conduce a un Estado fallido. Un Estado frágil por la pérdida del dominio y el control del territorio, frágil porque ya no es suyo el monopolio de la fuerza ni el de tributo, y frágil también por la distancia que el gobierno y los partidos ensanchan con la sociedad, poniendo en riesgo el concepto de nación.
Es cierto que muchas de las variables que alientan la percepción de México como un Estado fallido están fuera del control de la élite en el poder.
La situación económica depende en mucho de factores externos y, en cierta medida, el acotamiento del crimen también tiene que ver con el mercado del consumo de la droga. En esos dos campos, no puede exigírsele mucho a esa élite política pero, fuera de ello, se echa de menos la falta de compromiso del grupo en el poder para fortalecer y consolidar instituciones y conductas directamente relacionadas con el Estado de derecho, la democracia, la justicia y, si se puede llamar de ese modo, la carga compartida de la crisis económica.Lejos de ver ese compromiso de la élite en el poder, lo que se advierte es el fortalecimiento de la impunidad, la corrupción, el cinismo y la desvergüenza políticas como un código de conducta que, sin duda, vulnera brutalmente la confianza ciudadana en el valor de la autoridad y ensancha la distancia de la sociedad con su gobierno, entendiendo por éste no sólo al Poder Ejecutivo.
En el campo del combate al crimen, llaman la atención dos cuestiones. La falta de compromiso de los gobiernos estatales y municipales en la cruzada y el solapamiento, en el gobierno federal, de las diferencias y la falta de coordinación entre las instancias que deberían actuar como una sola.
El desafío que el crimen impone al Estado mexicano, la élite lo entiende y lo explota como un problema exclusivo del Poder Ejecutivo.
A la causa de acotar al crimen no se suman en serio ni el Poder Legislativo, ni el Judicial como tampoco los gobiernos de los estados.
Tal falta de coordinación y compromiso no escapa a la sociedad, que advierte en la cruzada un esfuerzo cuyo destino es incierto y, en el cual, está condenada de antemano a pagar los yerros.Peor aún, en la idea de que el problema es de la exclusiva competencia del gobierno federal y no del Estado en su conjunto no faltan quienes ven la posibilidad de sacar raja política. Si el crimen gana esa batalla, el resultado será el de un gobierno fallido y, entonces, de la ruina nacional buscarán obtener su beneficio.
En el campo de la crisis económica, ni por asomo el gobierno ni los partidos han mandado señales de que ellos también cargarán con parte de ella.
Sí elaboran planes anticrisis, sí convocan a foros para ver qué hay que hacer para crecer pero, salvo algunas medidas adoptadas por el gobierno capitalino, ni el gobierno federal ni el Congreso ni el Poder Judicial y mucho menos los partidos han levantado la mano para reducir su propio gasto en beneficio de la sociedad. No, eso sí no.
El mensaje a la sociedad es terrible. La élite le dice qué hay que aguantar, dónde apretarse el cinturón, cómo resistir la carga fiscal, por qué mantener el precio de los combustibles, cómo llorar la pérdida del empleo, pero ni por error ofrece bajar el gasto de la burocracia dorada que constituye. Ahí, en lo suyo, las tijeras pierden filo. En particular, los partidos en vez de servirle a la ciudadanía, se sirven de ella. Crisis o no, no proponen reducir el monto de sus prerrogativas ni el despilfarro de recursos en la campaña electoral. La democracia es cara, aguántense, casi le espetan a la sociedad.
En el campo electoral, lo que hasta ahora se ha visto es una gran invitación a reponer el abstencionismo como la mejor forma de participación y, por lo mismo, legalizar sin legitimar a quien ocupe un lugar en el Congreso.Cuadros políticos profundamente desacreditados levantan la mano como precandidatos y reclaman ser considerados a la dirigencia de su respectivo partido, dándole la espalda a la ciudadanía. El hijo, el nieto, el hermano, el compadre, el cómplice, el socio, la amante, el ex colaborador inútil, el gatillero, el travestí de esa élite política exigen ocupar una curul, como si la desmemoria del electorado borrara su trayectoria, su incongruencia, su ineptitud y, frecuentemente, su impunidad.
Así, el grupo en el poder consolida la idea de que el Congreso no es un órgano de representación popular, sino patrimonio exclusivo de esa misma élite, donde si algo hay que representar son los intereses de éste o aquel otro grupo o corriente, los intereses de éste o aquel otro monopolio gremial o empresarial.
Ya en campaña se echará mano de la mercadotecnia para acreditar a los candidatos ante el electorado que, en el fondo, no tiene de dónde escoger.
A la par de ese ejercicio para renovar la membresía en esa élite, las alianzas entre los partidos evidencian cómo muy poco importan programas y principios, si de ganar plazas y posiciones se trata. Si con esas alianzas se da vida artificial a grupos políticos que por sí solos no existirían, o se sacrifican políticas, ésas sí, del interés nacional o se revitaliza el corporativismo da lo mismo. A fin de cuentas, los costos recaerán en la sociedad, no en esa élite que ve en la elección un simple ejercicio de regeneración, depuración, reciclamiento o sobrevivencia de sí misma. En cualquier Estado cuando la impunidad, el cinismo y la desvergüenza se instalan como el modo de ser la élite que lo gobierna, las instituciones comienzan a resentirlo hasta que asoma en ellas la fragilidad. Más todavía cuando ese Estado arrastra problemas estructurales. En ese punto, las élites (políticas o no) se amafian y, en la desesperación, la sociedad deja de distinguir al Estado de sus actores y detractores. Es cuando los Estados fallan. Increíblemente, en esa dirección camina la élite en el poder.
Correo electrónico: sobreaviso@latinmail.com
http://www.reforma.com/editoriales/nacional/482/963486/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario