Sigo atenta al asunto de mis estimados sobrecargos de Mexicana, y hoy encuentro el siguiente editorial, que muestra de cuerpo entero, otro factor que genera inseguridad, así como incrementar la corrupción. Me luce muy interesante la forma en que se escribe el editorial y me parece, el marco perfecto, para esperar que el Pleno de la SCJN designe al Ministro Ponente que deberá resolver el fondo del amparo que presentaron los sobrecargos, por el ya histórico , y muy digno:
" PREFERIMOS MORIR DE PIE... QUE VIVIR ETERNAMENTE ARRODILLADOS"
Hoy los temas de aviación comercial dejan para la reflexión que no se puede seguir preponderando ahorros, presiones al capital humano y recorte de personal. El conjunto de lo que significa la aviación comercial debe enmarcar una enorme responsabilidad de los empresarios, para tener naves en óptimas condiciones y el personal más capacitado, en todas las áreas que puedan conformar una empresa aérea. Tema por demás delicado, el asunto de los sindicatos blancos, que son tan alcahueteados, desde la impunidad oficial y desde la irresponsabilidad del gobierno. Los sindicatos blancos, no están atentos al personal, a la capacitación y a las necesidades de higiene y seguridad que requieren todas las aerolíneas que ofrecen servicio pero que también están obligadas a entregar la mayor SEGURIDAD. Así pues, recientemente hemos conocido de varios incidentes aéreos y un accidente fatal, que debe gacer reflexionar al conjunto que conforma la vida política, mundial, para recapitular ¿qué puede estar mal y cómo rectificarlo?
Los dejo con el buen editorial:
martes 2 de septiembre de 2008
(CIMAC).- Como cada dos años, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA) presentó la solicitud de revisar este mes de septiembre su contrato colectivo de trabajo en la Compañía Mexicana de Aviación (CMA), pero se encontró con la inusitada actitud de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) de negarle el trámite a su petición.En oprobiosa actitud, la autoridad laboral, quien en materia de huelga solo tiene funciones de correo para hacer llegar las peticiones de las y los trabajadores a la empresa y citar a las partes a una audiencia de conciliación, contradiciendo disposiciones legales se negó a cumplir su obligación.
Dice la ley laboral que el presidente de la JFCA "...bajo su más estricta responsabilidad hará llegar al patrón la copia del escrito de emplazamiento dentro de las 48 horas siguientes a la de su recibo".
Sin embargo con toda impunidad este funcionario, como si fuera dueño de la ley, mandó al cesto de basura la petición sindical.
Esta organización sindical, fundada el 8 de abril de 1960, compuesta en su mayoría por mujeres, aglutina en la actualidad a 1300 sobrecargos de Aeroméxico y 1400 de Mexicana de Aviación, enfrenta ahora el arrebato de su derecho a revisar sus condiciones de trabajo sumado al amago judicial de reducirles en un 50 por ciento sus prestaciones económicas.
Son más de 17 meses en que las y los sobrecargos enfrentan un juicio de reducción de sus condiciones económicas con un laudo en contra emitido por la JFCA que justifica este hecho suprimiendo prestaciones, ingresos y descansos y amplia jornadas laborales.
Con la presentación de un amparo los sobrecargos han impedido que mientras duré su trámite no se afecten sus prestaciones contractuales.Sin embargo la JFCA pretextando la existencia de ese amparo argumenta que mientras subsista éste, las condiciones de trabajo no deben modificarse y por ello el derecho de emplazar a huelga por revisión contractual es improcedente.
Sin duda uno de los problemas más graves en materia laboral es la intromisión de las autoridades en las relaciones obrero patronales. Muchas veces se justifica la intervención de un árbitro cuando éste busca un equilibrio entre las partes, pero cuando su intervención es ilegal y arbitraria dificulta la solución de los conflictos.Es inadmisible que las juntas de conciliación y arbitraje sigan dependiendo del Poder Ejecutivo, así la justicia seguirá siendo de consigna.
Si la JFCA recibe órdenes del Secretario de Trabajo y éste a su vez del Presidente de la República, la justicia laboral nunca será imparcial.
A los sindicatos se les sigue tratando como los responsables de los problemas económicos de las empresas y ello no puede seguir ocurriendo. Es frecuente en las negociaciones laborales se alegue la difícil situación económica pero se ocultan las cifras reales que tiene la empresa. Se pide a los trabajadores sacrificios pero las empresas quieren seguir manteniendo sus rangos de ganancia.
Muchas empresas prefieren seguir manteniendo los altos salarios de sus ejecutivos y redituables ganancias, en contrapartida exigen la reducción del personal de base, de los salarios y prestaciones y con más sobrecargas de trabajo.Para la autoridad laboral es mejor cancelar el derecho de huelga que propiciar una conciliación entre las partes.
Las y los trabajadores y sus organizaciones sindicales son las más interesadas en que los centros de trabajo tengan crecimiento y están siempre dispuestos a evitar su desaparición.
Cuando las empresas comparten no solo los problemas económicos sino también los planes de trabajo con sus trabajadores, cuando los hacen participar en las estrategias y los retos es más fácil salir de la crisis.
No se puede sustituir el diálogo con la imposición. Los trabajadores de aviación, en este caso los integrantes de ASSA deben participar en la solución económica de las empresas pero no solo a costa de sus derechos.
Es una oportunidad esta crisis para replantear el sistema de relaciones laborales interno en esa empresa aeronáutica que aleje el enfrentamiento y acerque el diálogo constructivo.
En este conflicto es evidente que las autoridades laborales están equivocadas en su estrategia: la ilegalidad y la arbitrariedad no pueden ser los caminos a seguir.
*Abogado, especialista en temas de justicia, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana.
manfuentesm@yahoo.com.mx
ROTATIVO de Querétaro
Ahora una nota buena que se dictó a favor de un trabajador de Wall Mart:
Aplica Wal-Mart tienda de raya.- SCJN
La Corte amparó a un empleado de Wal-Mart en Chihuahua, quien decidió cuestionar el Plan de Previsión Social que había firmado voluntariamente
Por Víctor Fuentes
Ciudad de México (4 de septiembre de 2008).- La cadena comercial Wal-Mart aplica a sus empleados un plan de vales de despensa que es similar a las tiendas de raya del Porfiriato, resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).La Segunda Sala de la Corte amparó ayer a un empleado de Wal-Mart en Chihuahua, quien decidió cuestionar el Plan de Previsión Social que había firmado voluntariamente con la empresa.En ese convenio, se establece que el trabajador compra vales de despensa con descuento a su salario, mismos que sólo puede canjear por mercancías y servicios de venta en establecimientos de Wal-Mart.
"Este plan es similar a la práctica que se llevaba a cabo en las antiguas tiendas de raya en que los trabajadores también recibían el pago de su salario mediante vales de despensa para ser canjeados en dichas tiendas propiedad del patrón, con la diferencia de que los productos los adquirían a un precio alto", afirmó la Corte.
Wal-Mart tiene más de 157 mil empleados y es por mucho el mayor patrón privado de México.
Las tiendas de raya alcanzaron su auge en la segunda mitad del siglo 19, cuando los hacendados y otros empresarios les pagaban a sus empleados con vales que solo eran canjeables en tiendas del mismo patrón, quien vendía mercancías baratas a precios elevados y así recuperaba lo que gastaba en salarios.Fue tal el resentimiento social que generó esta práctica, que desde su aprobación, la Constitución de 1917 prohíbe los contratos laborales que obliguen a comprar bienes de consumo en tiendas o lugares determinados, así como el pago de salarios mediante vales o mercancías.
Una diferencia importante del plan de Wal-Mart con las tiendas de raya, es que éstas eran prácticamente obligatorias, mientras que los empleados de la trasnacionales se adhieren por voluntad propia.Pero por lo demás, según los ministros son bastante parecidos.
"Del análisis comparativo entre la práctica de las antiguas tiendas de raya abolidas por la Constitución de 1917, y el objeto del convenio adicional al contrato de plan de previsión social establecido por el patrón en el caso concreto, se desprende que ambas figuras son semejantes, ya que el costo de los respectivos descuentos no son absorbidos por el patrón, sino por el trabajador", afirmó la Corte.
Actualmente los vales de despensa son una prestación que corre a cargo del empleador que los otorga, y el trabajador puede usarlos para hacer compras donde quiera.
Raúl Avila Andujo fue el empleado de Wal-Mart que impugnó el convenio, inicialmente, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Chihuahua, que no falló en su favor. La sentencia de la Corte implica la nulidad absoluta del convenio que firmó Avila, así como de todas las consecuencias o actos derivados de ese documento.Copyright © Grupo Reforma Servicio InformativoESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN:
http://www.reforma.com/nacional/articulo/918667
Fecha de publicación: 04-Sep-2008
Felicidades para el trabajador que LUCHÓ para erradicar una práctica que por ley federal del trabajo, está prohibida, pero que gracias a la IMPUNIDAD y a los sindicatos blancos, estaba operando mediante la figura hipócrita " de firmar voluntariamente".
Ojalá que sea un ejemplo para más trabajadores para hacer valer sus mínimos derechos. Ahora tendremos que observar sí Wall Mart respeta el marco legal.
Y posiblemente se pudiera usted cuestionar ¿por qué estará tan callada Minera México?, y posiblemente la respuesta sea la razón que dá orígen, a la siguiente nota:
Ordenan aprehender a Gómez Urrutia
La PGR ya tiene por vez primera una aprehensión federal contra Gómez Urrutia y también una nueva oportunidad de solicitar su extradición
Por Abel Barajas
Ciudad de México (4 de septiembre de 2008).- Una juez federal ordenó aprehender a Napoleón Gómez Urrutia, por haber cometido un delito financiero al disponer del fideicomiso de 55 millones de dólares del Sindicato Minero.De acuerdo con la información de fuentes judiciales, la Juez Primero de Distrito en Procesos Penales Federales del Reclusorio Norte, Silvia Carrasco, ordenó la captura del dirigente gremial por el delito de violación a la Ley de Instituciones de Crédito.La Subprocuraduría de Delitos Federales de la PGR fue quien, en base a la averiguación previa UEIFF/FINM02/64/2006, pidió las aprehensiones contra Gómez Urrutia, delegados fiduciarios y funcionarios de Scotiabank, por el mismo cargo.Héctor Félix Estrella, Juan Linares Montúfar, José Rocha Pérez, Gregorio Pérez Romo y los funcionarios del Scotiabank, Alejandro de Anda Arriaga y Felipe Alberto López, originalmente fueron contemplados en la indagatoria.Gómez Urrutia se encuentra exiliado en Canadá desde hace casi dos años, ya que tiene vigentes tres órdenes de aprehensión en juzgados del fuero común, por el delito de fraude, derivado también de los manejos del fideicomiso de los 55 millones de dólares.El mes pasado, el líder sindical ganó el amparo en primera instancia contra estas aprehensiones, pero falta que un tribunal colegiado diga la última palabra respecto a si cancelan o no dichos mandatos judiciales.Por lo pronto, la PGR ya tiene por vez primera una aprehensión federal contra Gómez Urrutia y también una nueva oportunidad de solicitar su extradición, ya que hasta ahora el prófugo no ha enfrentado un juicio de esta naturaleza desde que huyó a Vancouver.Copyright © Grupo Reforma Servicio InformativoESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN:
http://www.reforma.com/nacional/articulo/918672
Fecha de publicación: 04-Sep-2008
No deja de ser extraño, por decir lo menos, que el abogado que representa a Gómez Urrutia ha declarado que ya demostró que los 55 millones fueron entregados a los mineros y que con base en ello, lograron anular las causas penales que lo han perseguido, desde que el secre de los empresarios ya no lo consideró grato, para ser secretario del gremio. Parece que Gómez Urrutía no coopelo. Por lo pronto las huelgas dentro de las mineras posiblemente seguirán porque el conflicto de fondo es la inseguridad en la que laboraban los mineros, inseguridad que costó 65 vidas de seres humanos, y que hasta hoy siguen esperando sus deudos.
Como SABIAMENTE cita el primer editorial que le compartí, mientras no exista IMPARCIALIDAD en cuestiones laborales, para los trabajadores seguira siendo una especie de químera, tanto el arbitraje como un secre que efectivamente pueda ocupar su tiempo, para hacer valer el artículo constitucional que irónicamente genera la razón de su puesto: 123 Constitucional.
Que se escuche bien y que se escuche LEJOS
Y, sin embargo, se mueve...
Laura
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